El entorno digital exige el respeto a los mismos derechos que el mundo físico
SOCIEDAD
La USC está entre los entes encargados de velar por la legalidad en Internet
30 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Las evoluciones tecnológicas y el auge de actores transnacionales que han convertido la desinformación en un negocio multimillonario y a los menores en una mercancía ha desatado, tanto en España como en la Unión Europea, una reacción, muchas veces a contrapié, para definir y proteger derechos, obligaciones y libertades en los entornos digitales. La multiplicidad de iniciativas y niveles de actuación ha dado lugar a una ensalada de organismos, reglamentos y registros difíciles de sistematizar y que avanzan a unos ritmos que nada tienen que ver con la vertiginosa velocidad de las innovaciones en materia de inteligencia artificial.
En Europa se han aprobado el reglamento eIDAS (Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza), la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, Digital Services Act). Además, en el primer trimestre de este año deberían haber quedado concretados los QTSP (Proveedor de Servicios de Confianza Cualificada), que en septiembre del 2026 tendrán que adaptarse a la EUDI Wallet, la Cartera Europea de Identidad Digital.
Entre tanto, la posición del Gobierno de España, como expresó durante su última visita a A Coruña el ministro de Transformación Digital, Óscar López, es que «no son incompatibles» las iniciativas europeas con tomar medidas a nivel nacional. «Debemos posicionarnos. Frente al negacionismo, paciencia; frente al bulo, verdad, y frente al caos tecnológico, regulación y derechos digitales», exhorta López. De ahí que el Consejo de Ministros acabe de aprobar la Ley para la mejora de la Gobernanza Democrática de Servicios Digitales y Medios de Comunicación, y que el Gobierno, dentro de su Plan de Acción por la Democracia, derivado del europeo, esté impulsando la implementación de la Carta de Derechos Digitales, de la que surge el Observatorio de Derechos Digitales.
¿Cuáles son los derechos digitales?
Los derechos digitales por sí no existen. Los derechos y libertades en España son los que aparecen consagrados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país. El adjetivo «digitales» se refiere a la necesidad de garantizar que «la ciudadanía tenga las mismas protecciones en línea que en el mundo físico», tal como anunció el Gobierno.
¿Por qué se crean estos instrumentos para defenderlos?
Aunque los derechos sean los mismos, existen adaptaciones y extensiones a la hora de aplicarlos en los entornos digitales. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, al olvido, a la herencia digital o la protección contra la discriminación algorítmica son algunos ejemplos de derechos tradicionales que implican adaptaciones o extensiones en el plano digital.
¿Qué es el Observatorio de Derechos Digitales?
Es una iniciativa del Gobierno, financiada con 10,83 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es convertirse en «un espacio abierto, inclusivo y participativo, creado para hacer llegar a la ciudadanía los avances, ventajas y retos en materia de derechos digitales y para promover las buenas prácticas», según defiende el Gobierno.
¿Quiénes lo integran?
Está formado sobre la base del Programa de Derechos Digitales, que reúne a expertos, representantes de instituciones públicas y profesionales de los sectores tecnológico y jurídico. Son, en total, 150 entidades y más de 360 personas. De esas entidades, una veintena son las que forman el observatorio, y entre ellas está la Universidade de Santiago de Compostela.
¿Qué objetivos persigue?
El observatorio estará centrado en proteger «los derechos de menores y grupos vulnerables» y también «la libertad de expresión y el derecho a la información». Pero al margen de esas grandes metas, también tiene fijadas otras más técnicas o formativas que tienen que ver con «facilitar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar brechas digitales y salvar la privacidad y la seguridad en línea». En resumen, como recoge su documento fundacional, busca «fomentar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de los ciudadanos». El ciberbullying, los ataques racistas y las estafas digitales están en el centro de la diana.
¿Con qué herramientas van a contar los expertos?
Básicamente tendrán que favorecer que se adapte el marco jurídico a los retos tecnológicos actuales, pero también debería tener mucho peso en su funcionamiento la parte informativa y pedagógica llevada a cabo a través de la investigación científica y la difusión de sus resultados.