Cerdán pide al Supremo que le saque de prisión de forma «inmediata» por falta de «indicios suficientes»
ESPAÑA
El ex secretario de organización del PSOE está desde el pasado lunes en la cárcel de Soto del Real tras la decisión del juez de encarcelarle por riesgo de destrucción de pruebas en el caso Koldo
03 jul 2025 . Actualizado a las 14:02 h.Tres días después de entrar en prisión provisional sin fianza, el abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de encarcelarle por riesgo de destrucción de pruebas en el caso Koldo. El defensor ha acudido directamente a la sala encargada de revisar la instrucción del magistrado, conformado por tres miembros, para pedir la libertad «inmediata» de su cliente al considerar que no hay «indicios suficientes» en su contra para mantenerlo en la cárcel de Soto del Real, al norte de la capital madrileña.
En un recurso, la defensa del que fuera secretario de organización del PSOE hasta hace tres semanas sostiene que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y, por tanto, «incompatible con la presunción de inocencia». Del mismo modo, sobre los supuestos amaños de obra pública insiste en que ejercía de «interlocutor entre el partido y el Gobierno», de ahí su «interés por varias obras en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas».
En este sentido, asegura que el magistrado entendió mal la explicación que dio Cerdán en sede judicial, cuando indicó en su resolución que «la obra pública no había perseguido el interés de la ciudadanía sino los beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido». «Cerdán explicó lo orgulloso que se sentía de haber conseguido reactivar las obras de la N-121A, una carretera en Navarra en la que morían cada año tres o cuatro personas y que desde la obra no ha fallecido nadie», replica ahora su defensa.
A su juicio, esta valoración del magistrado Leopoldo Puente evidencia que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole además de asumir a pies juntillas el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica» y de abrirle una «causa general».
Riesgo de destrucción y manipulación de pruebas
En un auto de más de 40 páginas, el instructor sostuvo que hay «indicios bastantes» para considerar que Cerdán, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, «en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública».
El magistrado situó el origen en Cerdán y Koldo, que «habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar», pero cuando Ábalos llegó a Transportes, éste designó a García como asesor suyo, «precisamente a instancia» de Santos, «con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio», sobre todo en Carreteras y Adif.
«Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura», «sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica», relató.
Todo ello, se ejecutaría mediante un «reparto de papeles», conforme al cual Cerdán «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a Ábalos y García».
Por eso, el magistrado afirmó que «mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos».
De Ábalos, expuso que, «en su condición de ministro», desplegaba su «influencia», «encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor», quien «se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el director general de Carreteras y con la presidenta de ADIF» por las adjudicaciones.
Puente sospecha que «más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado» calculando que el «botín» podría ser al menos de cinco millones de euros.
Cree que Cerdán podría tener un «conocimiento privilegiado» de la trama por su supuesto papel principal, concretamente de circunstancias que las pesquisas aún no han logrado esclarecer, lo que le llevó a apreciar un riesgo de que pueda «ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto», por el que le envió a prisión.