La flota de altura y gran altura de Vigo pide el rescate al Gobierno en forma de incentivos fiscales
SOMOS MAR
Reclaman la creación urgente de un registro especial para estos barcos con un marco jurídico y laboral adaptado a su realidad
28 jun 2025 . Actualizado a las 04:45 h.Tres organizaciones de productores cuyos barcos operan en caladeros comunitarios e internacionales han disparado una bengala. Solicitan un plan de acción para rescatar a esta flota de altura y gran altura de la desaparición progresiva a la que se ven abocadas. La Organización de Productores Nacional de Palangre de Altura (Opnapa), la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3) y la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4), todas ellas integradas en la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) remitieron una carta conjunta al ministro de Pesca, Luis Planas, para trasladarle «la urgente necesidad de adoptar medidas para frenar el deterioro» de este segmento de flota, lastrado por «el incremento de los costes operativos, la falta de renovación de buques y la desventaja fiscal que sufren los tripulantes españoles frente a sus homólogos de otros países europeos y extracomunitarios.
Dentro de ese plan de acción que demandan, destaca como medida principal una antigua aspiración de todo el sector: la creación urgente de un registro especial para la flota de altura y gran altura. Una especie de segundo pabellón, como el que supone el de Canarias para la mercante, que permita establecer «un marco jurídico, fiscal y laboral adaptado a la realidad operativa de estas unidades».
Al mismo tiempo, Opnapa, la OPPC-3 y la OPPF-4 plantean la puesta en marcha de un plan integral de rescate y modernización del sector pesquero que recoja incentivos fiscales y laborales para las tripulaciones, facilite la renovación y modernización tecnológica de la flota, políticas activas de formación y relevo generacional, medidas para recuperar el consumo de productos del mar en los hogares, un refuerzo de los controles sobre importaciones pesqueras y una defensa firme de los intereses pesqueros de España en la UE.
Las organizaciones adscritas a Arvi subrayan que la pesca no es solo una actividad económica, sino un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la industria transformadora y la cohesión de las comunidades costeras. Por ello, instan al Gobierno «a actuar con urgencia y determinación para evitar la pérdida irreversible de un pilar fundamental de nuestro país».