El Tribunal de la UE rechaza la tasa de supervisión a Facebook, Instagram y TikTok
SOCIEDAD
El fallo obliga a la Comisión Europea a rehacer la base legal del pago, aunque mantiene vigente la contribución durante un año mientras se aprueba una nueva metodología
10 sep 2025 . Actualizado a las 15:39 h.En 2023, la Comisión Europea (CE) obligó a Facebook, Instagram y TikTok a pagar una tasa destinada a cubrir los costes de supervisión que Bruselas ejerce sobre estas plataformas. Hasta ahora, ese pago se mantenía en vigor, pero dejará de aplicarse porque el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha ordenado modificar la base legal que lo sustentaba.
El fallo responde a los recursos presentados por las empresas, que alegaban que la CE utilizó un método inadecuado para calcular el número de usuarios activos, dato clave para fijar la contribución anual. Según defendieron, ese procedimiento no debía aprobarse mediante decisiones de ejecución, sino a través de actos delegados, tal y como establece la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta normativa obliga a las grandes plataformas a combatir los contenidos ilegales, atribuye a la Comisión la responsabilidad de garantizar su cumplimiento e impone el pago de una tasa anual.
En su sentencia, el TGUE señala que la metodología aplicada «es un elemento esencial para calcular la tasa» y, por tanto, da la razón a las empresas mencionadas al considerar que debía aprobarse como un acto delegado y no mediante decisiones de ejecución.
El portavoz de Soberanía Tecnológica de la CE, Thomas Regnier, restó importancia al fallo al afirmar que «solo requiere una corrección formal» y subrayó que «no hay errores de cálculo, no se suspenden los pagos ni se cuestiona la cuantía».
Aun así, los jueces han prorrogado de forma temporal los efectos de las decisiones anuladas durante un máximo de doce meses, plazo en el que Bruselas deberá aprobar una nueva metodología ajustada a la normativa europea.
Contra esta resolución, la CE todavía puede presentar un recurso de casación —procedimiento que permite impugnar sentencias— ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a cuestiones de derecho, en un plazo de dos meses y diez días.