El Constitucional portugués impide aplicar la ley de eutanasia, aunque la considera ajustada a la Carta Magna en gran parte
SOCIEDAD
Es la enésima vez, después de los vetos presidenciales, que se bloquea una norma promulgada en el 2023
23 abr 2025 . Actualizado a las 19:05 h.La ley de la eutanasia vuelve a chocar con el Tribunal Constitucional (TC) portugués, que ayer se pronunció en contra de tres normas que son necesarias para su aplicación efectiva.
Aunque la ley fue promulgada en el 2023, los portugueses todavía no pueden recurrir a este derecho, dada la ausencia de una normativa que permita su aplicación práctica. A petición de diputados conservadores y de la Proveedora de la Justicia (equivalente al Defensor del Pueblo en España), el TC ha vuelto a examinar el texto y ha vetado tres de sus puntos, según anunció el martes por la tarde en un comunicado.
En primer lugar, rechaza que el paciente pueda elegir entre los dos métodos para la muerte asistida contemplados en la ley (suicidio asistido o eutanasia), ya que «en su actual versión, la ley solo consiente la eutanasia si el paciente estuviese físicamente imposibilitado de autoadministrarse los fármacos letales». Así, insiste en una particularidad de la ley portuguesa, que fue clave para su aprobación: la subsidiaridad de la eutanasia frente al suicidio asistido.
Además, la ley exige el visto bueno de un segundo médico especialista, pero no se le solicita interactuar con el paciente, «al contrario de las legislaciones extranjeras (…) como la belga, la luxemburguesa y la española», remarca el TC. Esto puede comprometer la «idoneidad, objetividad, impasibilidad y confiabilidad del parecer médico de verificación de las indicaciones clínicas de la muerte asistida», lo que supone una «tutela deficitaria de la vida humana».
Objetores sin explicar por qué
En tercer lugar, también argumentó, en contra del actual texto, que los médicos no deben estar obligados a explicar por qué se declaran objetores de conciencia, pues estas justificaciones van en contra de la naturaleza de esta opción y limita la libertad personal.
Pese a todo, el TC comunicó que hay «decenas de cuestiones de constitucionalidad», que ya habían sido vetadas, discutidas y reparadas en enmiendas previas. Se refiere a la subsidiaridad de la eutanasia frente al suicidio, la definición legal del concepto de sufrimiento, los conceptos indeterminados de enfermedad y lesión, la garantía de prestación de cuidados paliativos y otras numerosas cuestiones.
Una de las promotoras de la eutanasia, la diputada socialista y constitucionalista Isabel Moreira, reivindicó que, con esta decisión, «la ley se mantiene en lo esencial» y «podrá reglamentarse sin perjuicio de una mera corrección formal». Sin embargo, esta enmienda debe ser elaborada por el Parlamento, que fue disuelto el pasado mes de marzo, por lo que habrá que esperar a la configuración de un nuevo hemiciclo tras las elecciones anticipadas del 18 de mayo.
El actual Gobierno, del conservador Luís Montenegro, ha sido un fiero opositor de la eutanasia y, en caso de revalidarse en el Ejecutivo, la norma podría peligrar. Se trata de una de las leyes más divisorias de la historia reciente de Portugal, que partió de una propuesta legislativa del PAN (Personas, Animales, Naturaleza) en el 2017, y que solo sería aprobada en el 2023 tras sufrir tres vetos presidenciales; uno, por objeciones políticas y otros dos, a instancias del Tribunal Constitucional.