El Ayuntamiento de Santiago revisa el plan especial del casco histórico y acotará los locales de suvenires y de «vending»

El gobierno de Goretti Sanmartín, la coalición entre BNG y CA, quiere revisar el plan especial de protección y rehabilitación del casco histórico (el PE-1). Y ya ha puesto el procedimiento en marcha. La Xunta de Goberno aprobó ayer de forma inicial su modificación puntual. De los pormenores dará cuenta mañana el concejal de Urbanismo, el nacionalista Iago Lestegás (BNG), aunque uno de los objetivos ya lo dejó claro ayer la alcaldesa, al hacer balance de los dos años de gobierno: la modificación abordará medidas para proteger el comercio tradicional y, entre otras cosas, no permitirá la implantación de nuevos establecimientos de venta de recuerdos. La medida se extenderá a prácticamente todo el ámbito del Plan Especial, mientras que en el recinto intramuros se limitarán también los negocios automatizados, como las máquinas expendedoras y consignas.

La revisión del planeamiento paralizará durante dos años la solicitud de licencias para cualquier intervención que contravenga los cambios que se quieren introducir y llega cuando está a punto de concluir la moratoria de un año que prohibía también la implantación de nuevos negocios turísticos en el casco viejo. Este último parón se decretó mientras el Ayuntamiento estudiaba el nivel de asentamiento de ese sector en la ciudad y las necesidades de servicios de proximidad para la población de la zona, con el fin de proteger el comercio local, una de las iniciativas de las que ha hecho bandera el ejecutivo de Goretti Sanmartín (BNG-CA). De hecho, con la medida adoptada por el gobierno local ayer se extinguen los efectos de la suspensión previa para la implantación de nuevos negocios turísticos publicada el 19 de junio del pasado año. Pero se pone en marcha la de dos años que conlleva la revisión del plan especial.

Se trata de «blindar o comercio de proximidade, un servizo básico para a poboación que se asente no casco histórico», según expuso la alcaldesa en la comparecencia que tuvo por la mañana con todo su gobierno, en la terraza del Ayuntamiento, para hacer balance de sus dos años de gobierno, un balance que concluyó afirmando que tienen proyecto, «forza e enerxía» e iniciativa para «deseñar a cidade dos próximos dez anos».

El asentamiento de población en el casco histórico y la aportación de soluciones a problemas de accesibilidad y movilidad que condicionan su atractivo residencial, aparte de otras circunstancias, han estado detrás de todo intento de revisión del PXOM en los últimos años, intentos que primero llevaron el sello del PP y después de Compostela Aberta (CA). Los populares apenas tuvieron tiempo, una vez tomada la decisión, más que para poner en marcha la contratación de la redacción del proyecto. Los segundos no lograron el apoyo plenario necesario para iniciar el trámite ambiental, ya hacia el final del mandato de Martiño Noriega, después de reorientar la filosofía de los populares, con la que no coincidían. El PSOE, que propició la aprobación del documento original a mediados de los años noventa y que mantuvo una postura muy crítica con las líneas que habían avanzado los populares, no intentó abrir ese melón en el mandato del 2019-2023. Si lo hará ahora Goretti Sanmartín.

Suspensión de licencias y títulos habilitantes contrarios a la modificación

El inicio de la tramitación para la modificación del plan especial de la zona histórica supone expresamente la suspensión del procedimiento de concesión de licencias de edificación, parcelación y derribo que resulten incompatibles o disconformes con las determinaciones de la modificación inicialmente aprobada. La revisión que ayer aprobó la Xunta de Goberno irá más allá del tema del comercio, aunque, de momento, y en espera de las explicaciones de Lestegás, la alcaldesa solo ha ceñido el anuncio al caso del comercio.

La suspensión afecta también a la obtención de cualquier título habilitante de carácter urbanístico que suponga la implantación o la ampliación de usos y actividades disconformes con la normativa inicialmente aprobada, «isto é», dice el acuerdo de la Xunta de Goberno, «cando incumpran as condicións de uso e (ou) de implantación establecidas na citada normativa».

No afectará, sin embargo, a las obras de mantenimiento y conservación de las edificaciones y de las instalaciones existentes; a las obras de reforma y de rehabilitación, excepto cuando conlleven la implantación o la ampliación de usos, tipos de uso o actividades que sean disconformes con el nuevo plan; a los actos de primera ocupación y de inicio de actividad cuando ya se tuviese obtenido el preceptivo título habilitante de las obras ejecutadas para el uso pretendido; y a los proyectos que cumplan simultáneamente las determinaciones del planeamiento vigente y las resultantes de la modificación inicialmente aprobada.

La suspensión será por dos años como máximo y alcanza a todo lo que el PXOM identifica como PE-1 (el plan especial de la ciudad histórica).

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