La Fiscalía ve delito en la inacción de Jácome ante el ruido de cuatro pubs de Ourense
OURENSE
Una denuncia señala al alcalde y a un funcionario por no hacer cumplir la normativa
22 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Una de las últimas tareas de Carmen Eiró antes de asumir su nueva responsabilidad como fiscala superior de Galicia ha sido la resolución de la investigación iniciada a raíz de las quejas presentadas por la Asociación O Cimborrio en relación a la actividad de cuatro pubs de la capital ourensana. La hasta ahora fiscala de Medio Ambiente y Urbanismo concluye que la actuación del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, podría ser constitutiva de delito, por lo que ha acordado presentar la correspondiente denuncia ante el juzgado decano de Ourense.
La Asociación O Cimborrio, que agrupa a vecinos del casco viejo afectados por las molestias que provoca el ocio nocturno, presentó cuatro denuncias contra otros tantos locales nocturnos, situados tres de ellos en la calle Cabeza de Manzaneda y el otro, en Pena Corneira. La entidad señalaba también al Ayuntamiento por no actuar ante las constantes quejas vecinales. La Fiscalía abrió diligencias y las ha cerrado llegando a la conclusión de que, efectivamente, los hechos podrían ser constitutivos de delito.
En la resolución en la que acuerda presentar denuncia, la fiscala detalla las molestias que sufren los vecinos, tales como «insomnio y ansiedad crónicos, llegando a malvender algunos sus propiedades ante lo insoportable de la situación». Todo ello, derivado de los constantes incumplimientos de esos locales en la normativa de insonorización, horario de cierre, etcétera. Algunos incluso funcionan sin licencia o sin el permiso adecuado a la actividad que realmente ejercen. Las quejas vecinales fueron insistentes, por lo que el Ministerio Fiscal concluye que la situación era «conocida y consentida» tanto por el alcalde como por el ingeniero técnico en telecomunicaciones que trabaja como funcionario en el Ayuntamiento en ese departamento.
«Consciente e intencionadamente han incumplido su deber legal de actuar, con el consiguiente perjuicio para la salud de todas las personas afectadas», acaba diciendo la fiscala, que subraya que los locales señalados se encuentran en la llamada ZAS (Zona Saturada de Ruidos), regulada en la ordenanza municipal sobre contaminación acústica. Por todo ello, concluye que los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente —del que serían autores los responsables de los establecimientos— y de dos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, con Jácome y el citado funcionario como señalados.
Un precedente histórico
La decisión del Ministerio Fiscal de judicializar este asunto ha sido recibida con gran satisfacción por la Asociación O Cimborrio. «Esta es la primera vez que los ruidos del casco histórico de Ourense llegan a la Fiscalía. Es un paso fundamental tras años de inacción municipal y sufrimiento vecinal, que ha llevado a muchas personas a abandonar sus viviendas ante la incomprensión y la falta de soluciones», dice un comunicado difundido por la entidad, que próximamente celebrará una asamblea para estudiar si se persona en la causa como acusación popular o particular. Desde la asociación subrayan que su objetivo es «garantizar que se depuren todas las responsabilidades, tanto de los propietarios de los locales como de los posibles responsables municipales». O Cimborrio también denunció a Jácome por supuestas irregularidades en las subastas de barras para las fiestas.