En el mes de agosto, la armada de Estados Unidos comenzó a desplegar unidades navales en el Caribe, y el 2 de septiembre Donald Trump informó del primer ataque desde el aire a una lancha que procedía de Venezuela, como parte de la lucha contra el narcotráfico, ya que —según él— transportaba droga. Desde entonces ha habido 21 ataques en aguas internacionales, primero del Caribe y a partir de octubre también en el Pacífico, contra lanchas venezolanas o colombianas que las autoridades de EE.UU. han considerado que llevaban droga hacia su país, aunque nunca han probado sus sospechas, con el resultado de 83 asesinatos extrajudiciales. Parece que ni el Senado ni el Congreso estadounidenses tienen nada que decir ante estas acciones bélicas decididas por el aspirante al Nobel de la Paz. Solo se han activado para investigar un segundo ataque que mató a dos supervivientes del primero, en la primera de las lanchas destruidas. Aunque parezca una broma, eso sí que lo consideran contrario a los derechos humanos y le podría costar caro políticamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque solo si Trump lo permite.
Ahora la presión aumenta, y el presidente estadounidense amenaza con una intervención inminente en Venezuela, que podría ser desde el aire, o en tierra con comandos especializados; y conmina a Nicolás Maduro para que resigne la presidencia. Cabría considerar positiva esta presión, porque iría en favor del fin de un régimen no democrático, dado el fraude electoral en la reelección de Maduro y las hipotéticas complicidades de algunos de sus dirigentes con el narcotráfico. Pero esto es otra falacia más de Trump que no es creíble, porque amenaza también con sancionar o intervenir en Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, fue elegido democráticamente y está haciendo un excelente trabajo para combatir a los narcotraficantes dentro de su país.
El narcotráfico no se combate asesinando sin más a personas cuya culpabilidad no se ha demostrado. Tampoco desplegando en el Caribe el portaviones más poderoso del mundo, ni declarando cerrado el espacio aéreo de un Estado soberano en contra de todo el derecho internacional, ni mucho menos invadiendo su territorio o violando su soberanía; sino facilitando la cooperación internacional y con servicios de inteligencia y de policía eficaces para impedir la entrada de drogas ilegales en tu propio país. Esas son acciones para intimidar al régimen de Maduro —y de paso, también al de Petro— para que ceda ante sus intereses políticos y económicos. Parece evidente que el verdadero objetivo de Trump no es acabar con el narcotráfico cuando, justamente, acaba de decretar el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado nada menos que a 45 años precisamente por tráfico de drogas y posesión de armas. El presidente de EE.UU. utiliza esta cuestión cuándo y cómo le conviene para su beneficio o sus fines políticos, como hace con los aranceles o con sus polémicos planes de paz
Honduras es también el último país latinoamericano en cuyo proceso electoral Trump interviene, con promesas o amenazas, en favor de candidatos que le son afines; en este caso no solo pidiendo el voto para el candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, sino presionando con que si gana EE.UU. apoyará sus políticas, pero si pierde no desperdiciarán su dinero en un líder equivocado, es decir, cortarán su ayuda. Anteriormente fueron las elecciones legislativas argentinas de medio término en las que intervino para regar el Gobierno de Javier Milei con 20.000 millones de dólares, supeditando sin pudor su entrega y la continuación de la ayuda de EE.UU. a la victoria del partido de su amigo, lo que probablemente condicionó el resultado. En la primera vuelta de las presidenciales de Chile, el Departamento de Estado dejó bien claro que esperaba un cambio que mejorara las relaciones, aunque aquí Trump no ha intervenido porque se da por segura la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta. Pero sí que ha ejercido una fuerte presión sobre Brasil en favor de su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, imponiendo aranceles del 50 % al país para evitar que fuera condenado, como finamente sucedió, a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Estas injerencias en las elecciones o la política de naciones iberoamericanas son una muestra más del profundo desprecio del presidente de EE.UU. por la democracia, y de su nulo respeto por el derecho internacional y la soberanía de esos países, que le impulsa a prácticas neocolonialistas más propias de siglos pasados. En el 2026 habrá elecciones presidenciales en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. Seguramente intentará intervenir de una u otra forma en todas ellas, tal vez con un particular interés en Colombia, donde Petro no puede ser reelegido. Puede que para entonces Maduro ya no esté al frente de Venezuela. Y Trump proseguirá con su campaña de favorecer la elección de líderes de su línea ideológica o que le sean sumisos, en toda la región. La mayoría de los países latinoamericanos son demasiado débiles como para soportar la presión de la potencia hegemónica, están divididos e incluso en algunos casos enfrentados entre ellos, y no tienen un paraguas protector como el que proporciona la Unión Europea. Mientras el déspota de la Casa Blanca siga activo y sin freno, su futuro se presenta bastante oscuro.