La grave problemática de la okupación ilegal en España se agrava considerablemente por el sesgo de las cifras oficiales, pero sobre todo por la persistente negación y minimización del problema por parte del Gobierno. El Ejecutivo actual ignora la magnitud del problema y evita tomar medidas para su solución, mientras que el desinterés institucional supone un grave problema económico, judicial y sobre todo emocional para todos los afectados por la okupación, inquiokupación y vecinos convivientes con mafias okupas.
La okupación ilegal genera entre los afectados estrés crónico y ansiedad. La incertidumbre sobre cuándo y cómo se resolverá la situación es una carga mental que no desaparece, pero sobre todo, en la mente de los afectados se instala una pregunta sin respuesta: «¿Por qué la legislación protege a quien ha cometido un delito contra mí?»
Este torbellino de preocupaciones provoca episodios de ansiedad generalizada, dificultad para conciliar el sueño, insomnio e incluso ataques de pánico. El estrés se acumula día tras día, afectando la concentración en el trabajo, la capacidad de disfrutar de actividades cotidianas y las relaciones personales. El miedo se convierte en un compañero constante y provoca un agotamiento mental que erosiona la resiliencia de la persona, dejándola en un estado de alerta permanente.
Uno de los aspectos más dañinos para la salud mental es la sensación de impotencia. Los afectados se encuentran atados de pies y manos por un sistema legal que protege al okupa antes que a la víctima, incluso en casos de okupaciones mafiosas. Esta situación lleva a la desesperanza y, en casos extremos, a una profunda depresión. Sentirse abandonado por las instituciones, ver cómo se vulneran tus derechos sin una respuesta eficaz, es profundamente desmoralizador.
Además aparecen problemas de conciliación del sueño, nerviosismo, agitación, problemas digestivos, de atención, pensamientos intrusivos o negativos, irritabilidad, dificultad para recordar información o procesar pensamientos y ataques de pánico que no finalizan ante una posible recuperación de la propiedad o convivencia.
Por todo esto, es fundamental reconocer la dimensión de salud mental en el debate sobre la okupación ilegal. No se trata solo de números sino de personas, de familias cuya estabilidad emocional se resquebraja. Las políticas públicas no solo deben buscar soluciones rápidas y eficaces para el desalojo, sino también ofrecer el apoyo legal, emocional y psicológico hasta la recuperación de la propiedad.
Igualmente, se requiere ofrecer herramientas y estrategias efectivas para gestionar las devastadoras consecuencias emocionales que se derivan de la okupación.
Mientras el Gobierno del PSOE no tome medidas para erradicar el problema, se seguirá provocando gravísimos problemas de salud mental en las víctimas.
No somos enemigos políticos, somos víctimas.