Algo parece haberse roto en la maquinaria institucional de España, y el Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) del Instituto Juan de Mariana acaba de ponerlo en cifras. No es un informe más; es una fotografía incómoda que muestra al país en el puesto 20 de la Unión Europea, con una puntuación de apenas 6,5 sobre 10. Un resultado insuficiente, preocupante y lejano de democracias sólidas como Dinamarca o Finlandia, que lideran la clasificación.
El deterioro no es reciente, pero se ha intensificado durante los últimos años. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, la caída en parámetros clave como la calidad regulatoria, la efectividad del gobierno o el control de la corrupción resulta especialmente marcada. España figura ahora al lado de países como Malta o Eslovaquia, Estados con sistemas institucionales tradicionalmente menos robustos.
Uno de los problemas estructurales más graves detectados por el informe es la creciente inseguridad fiscal, ejemplificada claramente en el caso de la ley Beckham. Esta norma, diseñada originalmente para atraer talento extranjero mediante beneficios fiscales, se ha convertido en un foco de conflictividad debido a interpretaciones arbitrarias y retroactivas por parte de la Agencia Tributaria. Contribuyentes que operaron durante años bajo certificaciones oficiales emitidas por Hacienda se encuentran ahora con procedimientos sancionadores retroactivos, multas exorbitantes y una evidente ruptura del principio de confianza legítima.
Pero el ISJ no se queda solo en el ámbito fiscal. El informe también denuncia la politización excesiva de instituciones clave, desde el Tribunal Constitucional hasta organismos supervisores como el CIS o RTVE. La independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales han sufrido retrocesos notorios, reflejados en sentencias polémicas, recurrentes conflictos de intereses y una preocupante división partidista en decisiones fundamentales.
Este retroceso institucional tiene efectos directos sobre la economía. Según estimaciones del Banco de España citadas en el informe, si España recuperase los estándares institucionales previos a esta erosión, la productividad podría incrementarse en un 19 %, lo que supondría hasta 6.000 euros adicionales en renta per cápita en cinco años. En cambio, la actual situación no solo aleja al país de esa prosperidad potencial, sino que desincentiva la inversión internacional, tal como refleja el desplome de la inversión extranjera directa en los últimos ejercicios.
El informe del Instituto Juan de Mariana es, ante todo, una llamada de atención. España necesita urgentemente reformas que restituyan la confianza ciudadana y empresarial en sus instituciones. La seguridad jurídica no es una cuestión técnica ni un lujo administrativo; es el fundamento mismo sobre el que se asienta cualquier proyecto colectivo de prosperidad y democracia plena. Ignorarlo sería continuar viviendo en la ficción de una normalidad que, hoy más que nunca, está en entredicho.
España suspende en materia de seguridad jurídica. Toca repensar urgentemente nuestras instituciones antes de que el daño sea irreparable.