Los socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias se rebelan contra los «privilegios» para Cataluña

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

García-Page asegura que «a más corrupción, más presión» de los independentistas para el «saqueo» de la unidad de España

11 jul 2025 . Actualizado a las 19:00 h.

El acuerdo alcanzado hace un año por el Gobierno y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa en Cataluña a cambio de una suerte de concierto fiscal que los socialistas siempre habían rechazado fue recibido ya con enormes recelos por el resto de comunidades autónomas, también de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. La historia se repite ahora que el pacto está a punto de formalizarse, este lunes, en la reunión de la Comisión bilateral entre Estado y Generalitat.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, insistió este viernes en que el acuerdo, cuyo detalle aún no se conoce, es por principio «reaccionario» y supone un «privilegio» no amparado por la Constitución. Y, aunque se mostró convencido de que no saldrá adelante por falta de apoyo parlamentario para convertirlo en ley, tildó de «doloroso» que el Gobierno asuma «conceptualmente por primera vez la idea de un trato privilegiado» para una comunidad. Algo de lo que, recriminó además, no se quiso hablar en el comité federal del pasado sábado, celebrado bajo el impacto del caso Cerdán. 

Montero niega privilegios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó también este viernes que el pacto vaya a dar lugar a privilegio alguno y que lo que se pondrá sobre la mesa será un acuerdo que permitirá a todas las comunidades, y no solo a Cataluña, profundizar en sus competencias. «Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio», adujo.

Page, sin embargo se mostró convencido de que esos agravios ya se han producido (su Gobierno llevó al Tribunal Constitucional la ley de amnistía) pero, además, cree que la situación de debilidad en la que ha quedado su partido tras destaparse las presuntas actividades ilícitas de sus dos últimos secretarios de organización crea un caldo de cultivo aún más propicio para que el independentismo apriete las tuercas. «A más corrupción, más presión. La presión ha traído barra libre y esto es extremadamente grave», dijo. «Ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles«, añadió.

También el consejero de Hacienda de Asturias, presidida por socialista Adrián Barbón, Guillermo Peláez, avisó de que su comunidad «no admitirá ningún privilegio» y subrayó que las comunidades autónomas del régimen común tienen que concurrir en «un plano de igualdad» a negociar el nuevo modelo de financiación.