El juez quiere conocer los contactos de Cristina Álvarez con los patrocinados del máster de la esposa de Sánchez tras el aval de la Audiencia de Madrid
04 jul 2025 . Actualizado a las 16:22 h.El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha reclamado a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria de la esposa del presidente Pedro Sánchez y le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada. En una providencia, el magistrados pide a las operadoras que le «remitan la relación de las llamadas emitidas y recibidas» desde julio del 2018 que estén relacionadas con aquellas organizaciones y empresas que impulsaron la cátedra que dirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El juez apunta en concreto a la Organización Mundial de Turismo, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los cursos o cátedras en las que participó Begoña Gómez. También solicita las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense y su personal y a teléfonos vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, y a su grupo corporativo.
Barrabés colaboró con la mujer de Sánchez como profesor para impulsar su cátedra y, además, recibió cartas de recomendación de Gómez para respaldar su actividad en la adjudicación de contratos públicos.
Aval de la Audiencia
En una segunda resolución, Peinado se dirige además a Presidencia del Gobierno para que informe sobre «la fecha en que se hizo entrega» a Álvarez de su móvil, «así como si se ha puesto a su disposición algún otro número de teléfono oficial adicional».
El juez ya reclamó el tráfico de llamadas de Álvarez el pasado febrero, pero la diligencia estaba pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara la imputación de la asesora por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El visto bueno de este tribunal llegó en junio pasado, cuando concluyó que existen indicios de «una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo, a la persona ligada por vínculos maritales con el presidente».
Según apuntaron los tres jueces de la Sala, Álvarez «puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la secretaria general de Presidencia del Gobierno».