El Tribunal Constitucional se prepara para avalar este jueves la ley de amnistía

ESPAÑA

Estima que la carta magna no la prohíbe y que la legitimidad es del Congreso
26 jun 2025 . Actualizado a las 11:57 h.El Tribunal Constitucional avalará previsiblemente este jueves la ley de amnistía, después de que el pleno de la corte de garantías acordara este miércoles, en la deliberación del bloque relativo a impugnaciones a artículos concretos, que no vulnera la carta magna. Se cerraba así un pleno monográfico sobre el asunto que comenzó el lunes. La votación se repitió casi siempre: los seis magistrados progresistas a favor y los cuatro conservadores en contra. No participaron de esta deliberación el conservador José María Macías —recusado por el pleno por respaldar dos informes contra la norma cuando era vocal del CGPJ— ni Juan Carlos Campo —exministro de Justicia con Sánchez, se abstuvo voluntariamente—.
La amnistía fue aprobada por el Congreso en mayo del 2024. Desde entonces, los ojos de los beneficiados por el olvido del procés se fijaron en dos instancias: el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El primero fallará hoy a favor de la norma, al anunciar que «la opinión mayoritaria de los magistrados ha considerado que la Constitución no la prohíbe y que, por tanto, el legislador puede aprobar leyes de amnistía».
La sentencia recogerá gran parte del contenido de la ponencia de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, consideró «excelente» en uno de los plenos, según recoge Europa Press basándose en fuentes jurídicas. Añadirá una novedad ajena al extenso borrador, de 191 páginas. El Constitucional considera que la medida de gracia no vulnera el derecho comunitario en materia de terrorismo. La ley de amnistía excluye los delitos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Tampoco perdona los delitos presentes en la directiva europea del 2017. El Supremo investigó a Puigdemont y al diputado autonómico Ruben Wagensberg por delitos de terrorismo al atribuirles la organización de algunos altercados de la plataforma Tsunami Democràtic, pero archivó la causa en julio del 2024.
El Constitucional se pronuncia a raíz del recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular, al ser de los primeros que se formularon a la corte de garantías. El recurso de los populares remarca que la ley de amnistía se debe a «una transacción política para asegurar la investidura» de Sánchez, que contó con los 14 votos (siete cada uno) de Junts y ERC. El texto aprobado por el pleno estima que las leyes responden siempre a «criterios de oportunidad política» y que, por tanto, «su porqué es jurídicamente indiferente».
Tres puntos del PP aceptados
En su deliberación, el pleno aceptó muy pocas cuestiones del recurso de los diputados populares. El pleno ve inconstitucional la «asimetría» de la ley orgánica, que perdona tanto a los que apoyaron el procés como a los que se opusieron, y reconocen que la norma incluye «una habilitación insólita» para que los delitos perdonados se repitan en el futuro.
El tercer punto del PP con un razonamiento favorable del Constitucional es referido al Tribunal de Cuentas. El pleno reprueba que solo sean escuchados la Fiscalía y los organismos públicos afectados en los procesos judiciales relacionados al procés que ajusticiará este tribunal.
Precisamente, el Tribunal de Cuentas fue la primera instancia española que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía. El plazo medio de respuesta del tribunal de los Veintisiete es de 16 meses. Según esta previsión, debería pronunciarse en una fecha próxima al mes de noviembre de este año.
El propio Constitucional también tuvo la oportunidad de acudir a Europa antes de dar su veredicto, pero rechazó esta opción. Así lo solicitaron los cuatro magistrados conservadores —que también pedían un mayor número de plenos ante la trascendencia del fallo—, pero la mayoría progresista rechazó la medida.
El presidente del Gobierno, que había negado la posibilidad de esta amnistía antes de las elecciones generales del 2023, celebró el previsible fallo de este jueves del Constitucional. Recordó que su Ejecutivo había advertido de que la normal era «plenamente constitucional». Tras el veredicto favorable de la corte de garantías, quiso decirle a los españoles que «se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merecen la pena».
El pleno no entró a valorar nada relativo a delitos de malversación en la ley orgánica. El Supremo decretó que la norma no aplicaba en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras —indultado, pero aún con pena de inhabilitación— y el exconsejero Toni Comín, al estimar que obtuvieron un beneficio personal en el procés. Un supuesto que no recoge la medida de gracia. Este miércoles, el Supremo se ratificó, por lo que se espera que los tres políticos del 1-O acudan ahora al Constitucional.