Los socios habituales del Gobierno presentarán enmiendas al texto
13 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma de la ley del Poder Judicial superó ayer su primer obstáculo al rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al texto procedente del Gobierno, que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y blinda por ley las becas para opositores.
El Gobierno y sus socios votaron en contra de las enmiendas presentadas por PP y Vox, grupos que consideran que esta reforma «socava los pilares del Estado de derecho», busca el control de la Justicia por parte del Gobierno y pretende colocar a jueces afines en la judicatura.
El titular de Justicia detalló los aspectos más relevantes de la ley, como el blindaje del sistema de becas, los cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal adecuando las pruebas a las necesidades del trabajo, el cuarto turno o la prohibición de financiación privada de las asociaciones de jueces y fiscales. Defendió además el proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, fiscales sustitutos y magistrados suplentes, uno de los puntos que más rechazo ha despertado por parte de las asociaciones.
Desde el PP, Cayetana Álvarez de Toledo rechazó una reforma que a su juicio busca «impunidad» y la supervivencia del Gobierno. Consideró que se busca intervenir en el perfil ideológico de jueces y fiscales y se eliminan pruebas objetivas para seleccionar jueces «afines». También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, dijo que la meta de la ley es blindar al Gobierno, lo que se une a los «insultos y presiones» a jueces. En su opinión la meta es «adoctrinar» a quienes preparan la oposición y lograr «estómagos agradecidos» por su acceso a la carrera judicial.
Tanto el PP como Vox aludieron a lo dicho por la Comisión Europea sobre la «autoamnistía», así como al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
Las enmiendas de estos grupos no han encontrado apoyos en el resto de partidos.
Denuncias de «lawfare»
Junts y EH Bildu denunciaron la existencia de lawfare contra Cataluña y País Vasco, una crítica que ha sido contestada por el ministro en su réplica: «Pido respeto para el Poder Judicial, para jueces y magistrados de este país. No puedo pasar por alto ni referencias personales a jueces y magistrados de este país, en tono peyorativo, ni tampoco que se pronuncie una palabra, un anglicismo que me parece inadmisible». Y por parte de Sumar, Enrique Santiago denunció «actuaciones judiciales que son puro derecho penal del enemigo», y que afectan a Unidas Podemos, la familia del presidente del Gobierno y el fiscal general, así como una «guerra contra la democracia» de instituciones supuestamente imparciales coordinadas con PP y Vox.
ERC y Bildu anunciaron enmiendas parciales para que se tenga en cuenta el conocimiento de las lenguas cooficiales y la diputada republicana Pilar Vallugera ha pedido «acabar con la inmunidad» ante sentencias «manifiestamente injustas tomadas con toda conciencia». Y Junts consideró las enmiendas de PP y Vox como una «defensa cerrada del franquismo que vino a manifestarse a las afueras del juzgado contra la amnistía cuando ni siquiera estaba aprobada», mientras que Jon Iñarritu (Bildu) reprochó al PP ser uno de los «mayores artífices del control del Poder Judicial».
Para el diputado del PNV Mikel Legarda las enmiendas de PP y Vox son un «disparate» porque considera un «exceso» que consideren que el proyecto socava los pilares del Estado de Derecho o lo consideren una amenaza a la legalidad. Desde Podemos han anunciado que aprovecharán el recorrido parlamentario para profundizar en los cambios necesarios para avanzar en la «democratización» de la Justicia, que ven «a merced de intereses partidistas» y son objeto de un «sesgo de clase» mayúsculo.