El abogado del novio de Ayuso declara que tenía la orden de su cliente de pactar con la Fiscalía
ESPAÑA
Testifica ante el Supremo que no informó a Alberto González Amador del correo en el que admitía dos delitos y el pago de una multa
27 may 2025 . Actualizado a las 23:21 h.Últimas diligencias antes de decidir si se procesa o no por primera vez a un fiscal general del Estado. El abogado Carlos Neira declaró ayer durante una hora como testigo, y con obligación de decir la verdad, ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, a quien aseguró que desde el 30 de enero del 2024 tenía orden de su cliente —el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso— para alcanzar un pacto de conformidad con el ministerio público a cambio de admitir dos delitos fiscales y una multa.
Un mandato que pretendía «hacer el menor ruido posible» y «causar el menor daño a su pareja», detalló el letrado, que lo hizo efectivo a través de un correo electrónico, enviado el 2 de febrero del mismo año, a la cuenta genérica de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid; a la jefa de esta sección, Virna Alonso; y al abogado del Estado Julián Martínez Simancas, según fuentes jurídicas. Sin embargo, Neira sostuvo que no informó a su defendido de ese mensaje, que incluía una amplia propuesta de hasta ocho folios para «agilizar» el asunto.
El fiscalista indicó que aquel 30 de enero se reunió con su cliente —ahora imputado por corrupción en los negocios, administración desleal y fraude fiscal— y le explicó que solo tenía dos opciones: defender su inocencia o reconocer los hechos; y que eligió la segunda.
Esta testifical contradice, por una parte, la de González Amador, que el pasado viernes declaró que desconocía que su letrado hubiera propuesto un acuerdo; y la respalda, por otra, al ratificar que el investigado no supo del correo hasta el 14 de marzo por la prensa. Ese día, el ministerio público envió a los medios una nota en la que desmentía una publicación de El Mundo que señalaba que era la Fiscalía la que quería negociar, cuando había sido justo al revés.
Las filtraciones de esta causa y del mail del 2 de febrero, y el envío del comunicado —del que se hizo único responsable Álvaro García Ortiz— son los hechos por los que el Supremo investiga por presunta revelación de secretos a este y a la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. El Gobierno celebró que «la verdad se abre camino», y el togado citó para este viernes a sus últimos testigos —cuatro periodistas de El País— de este funesto folletín por entregas.