
El banco catalán prepara un plan de dividendos con unos 4.000 millones
29 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión del Consejo de Ministros del pasado martes de autorizar la opa del BBVA sobre el Sabadell, exigiendo, eso sí, el funcionamiento por separado de ambas entidades por tres años ampliables a cinco, queda lejos de ser el cierre del culebrón que aventuró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hay todavía mucho partido antes de dar la última palabra a los 200.000 accionistas del Sabadell, como viene reclamando desde hace meses el presidente de BBVA, Carlos Torres. Llegan las horas decisivas para que el banco vasco confirme su determinación de seguir adelante con la opa, después de analizar el escenario generado por la decisión del Gobierno.
Para ello se espera la celebración de un consejo de administración esta semana, que adecuaría el folleto a las nuevas circunstancias que afectan de pleno a la rentabilidad. Y es que las sinergias de 850 millones anuales se han visto dañadas, si no en el importe, sí en un diferimiento en el tiempo. De esta cantidad, 100 son por menores costes de financiación y 300 por ajustes de empleo, que se han evaporado con el veto (no explícito) del Ejecutivo a los despidos y cierre de oficinas. Los otros 450 millones corresponden a la integración de la plataforma tecnológica, sobre cuya capacidad de ejecución han quedado dudas.
Carlos Torres y su equipo directivo están determinados y, como señalan fuentes cercanas, el consejo de administración mantiene una fuerte cohesión. En estos días se ha sondeado a los principales accionistas del BBVA para conocer su posición. La pregunta es: ¿el 97% de los socios que respaldaron la opa en la junta de accionistas seguirá apoyando la operación con las nuevas condiciones de rentabilidad y tiempos? La mayoría de los analistas se inclinaban el viernes por responder que sí. En el caso de que sea así, tocará afrontar el período de aceptación de la opa por parte de los accionistas del Sabadell. Será con toda seguridad de 70 días para terminar en septiembre. Es la ventana en la que se intensificará la batalla de la argumentación. Ahí es donde la entidad presidida por Josep Oliu ha maniobrado con rapidez para presentar un nuevo plan estratégico el próximo 24 de julio.
Inversores institucionales
El objetivo del Sabadell es seguir seduciendo a golpe de talonario con un plan de dividendos que, según fuentes del mercado, superarán los 4.000 millones hasta el 2027. Es precisamente el plazo de tiempo en el que el Gobierno ha obligado a funcionar por separado a ambas entidades, lo que afectará a las sinergias esperadas por BBVA. ¿Qué capacidad de retribución tendrá entonces para convencer a los accionistas del Sabadell? ¿Podrá superar la promesa a corto de la entidad vallesana cuando la suya analiza un escenario a largo, difiriendo los beneficios de la operación a dentro de tres años? Cómo esas cuestiones puedan pesar en el ánimo del accionista del Sabadell, que tiene casi la mitad de sus títulos en manos de pequeños ahorradores y clientes, será determinante. Como también lo será la posición de los inversores institucionales. Entre ellos, los gigantes BlackRock o Goldman Sachs que, además, comparten capital en ambos bancos.
En el Sabadell han elevado su posición, pasando del 20% de las acciones que estaba en manos de los más relevantes antes de que se conociera la opa, al entorno del 30%. Un síntoma, según algunos analistas, de que el mercado ve posibilidades a la culminación de la operación. Además, la mayoría de los observadores se inclinan también porque BBVA contará con la aceptación a la opa de estos actores. Otra cosa es que siga siendo una operación atractiva para el banco de Torres.
Junta de accionistas
El Sabadell sigue poniendo toda la carne en el asador, como ha demostrado con la puesta en venta en tiempo récord de su filial británica, TSB, con la que ganó el pasado año 253 millones. La transacción tiene un doble impacto: liquidez para sus dividendos, que ya ascienden a 1.300 millones este ejercicio, y una bomba en la línea de flotación de la opa, que obligaría al BBVA a revisar de nuevo su oferta, después de más de 13 meses. Más tiempo, más desgaste.
El Sabadell cerró el viernes el plazo para recibir propuestas y cuenta con dos: la de la filial británica del Santander y otra de Barclays. El deber de pasividad que la legislación le exige a la entidad catalana por estar «opada» le fuerza, si el consejo de administración quiere aceptar alguna de las dos ofertas, a someterlo a su junta de accionistas. Una cita que tendrá que celebrar, calculadamente, en mitad del proceso de aceptación de la opa.
El silencio de los partidos políticos sigue siendo la tónica
La resolución con la que Moncloa autorizó la opa de BBVA al Sabadell con la exigencia de mantener la actividad de ambas marcas por separado y vetando despidos y cierres de oficinas ha pasado de puntillas por el debate político. Y no es lo normal cuando la actualidad suele construirse gracias a la enorme facilidad con la que oposición y Gobierno se enfrentan por cada decisión. De la opa, en cambio, no se hablado casi en los plenos de control del Congreso y la decisión del martes del Consejo de Ministros no ha cambiado esa tónica. Y es que, con la excepción atenuada de las formaciones catalanas, los partidos en España no han tomado una posición clara defendiendo la operación. El PP ha mantenido una estudiada ambigüedad sin caer en la crítica, mientras las formaciones del Ejecutivo, PSOE y Sumar, sí han sido muy críticas con la operación. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a señalar que la opa suponía un perjuicio para la democracia. En Cataluña, Junts y ERC sí han reclamado una intervención del Gobierno que hiciera descarrilar el intento de BBVA para hacerse con el Sabadell, pero lo han hecho con un volumen más bajo del que han mantenido en otros debates que sí han convertido en líneas rojas que exigir a Pedro Sánchez. También es cierto que las últimas decisiones han coincidido en el tiempo con la eclosión del caso Santos Cerdán. En el País Vasco, donde tiene la sede social el BBVA, tampoco ha habido apoyos explícitos para la entidad. El PNV, incluso, mostró cierto desapego cuando su presidente, Aitor Esteban, cuestionó la vasquidad del banco en un reproche en el que dio a entender que se reducía al mantenimiento de la domiciliación. El lehendakari Imanol Pradales también pidió al banco más implicación en el territorio.