Las costuras de la zona tensionada en A Coruña: los propietarios que burlen el tope al alquiler aún no serán sancionados
VIVIR A CORUÑA
Cataluña y Navarra sí imponen multas. La ausencia de una ley autonómica limita la aplicación de las zonas tensionadas
02 sep 2025 . Actualizado a las 10:52 h.A Coruña se convertía el 29 de julio en la primera ciudad gallega declarada zona de mercado tensionado. Pero también era la primera urbe de una comunidad gobernada por el Partido Popular que adoptaba esta medida, novedad estrella de la última ley de vivienda socialista. Un mes después de la entrada en vigor de esta norma, que obliga a topar el precio de los alquileres a grandes tenedores —unos 7.000 en esta urbe— y a los propietarios de inmuebles que lleven cinco años o más tiempo sin inquilinos, se desconoce a qué sanciones se exponen quienes burlen esta medida, y cómo se va a perseguir a estos infractores.
Las administraciones se pasan la responsabilidad de multar a los arrendadores que excedan el límite que marca el índice de referencia para alquileres. Con la competencia en vivienda en manos de la Xunta, la Consellería de Vivenda indica que el Gobierno de Alfonso Rueda solo tiene la obligación de «tramitar a declaración de zona tensionada dos concellos que o solicitan». Así, la Xunta aceptó en junio la petición de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no sin antes dejar clara su oposición a la medida: «É unha medida intervencionista e prohibitiva que limita o mercado do alugueiro e que se ten demostrado ineficaz».
De las comunidades que tienen bajo su ala urbes declaradas como zonas tensionadas, las socialistas Navarra y Cataluña cuentan con regímenes sancionadores autonómicos, y el País Vasco —regido por el PNV— «está defendiendo su propio régimen sancionador para quienes incumplen la ley». Así lo indican fuentes del Ministerio de Vivienda, que «animan» a la Xunta a «garantizar el acceso de todos sus ciudadanos a una vivienda digna y asequible siguiendo la línea de estas comunidades».
El Ejecutivo autonómico no cuenta con un censo de grandes tenedores ni está fiscalizando si los nuevos contratos de arrendamientos se adecúan a la normativa. Tampoco el Concello cuenta con un listado de esas personas físicas o jurídicas con más de diez inmuebles de uso residencial. No lo tiene, exponen fuentes municipales, porque «son las comunidades las que deben hacer el desarrollo de la ley y establecer las medidas complementarias, así como el régimen sancionador, aunque Galicia aún no lo ha hecho». Añaden desde el equipo de Rey que «están estudiando qué han hecho estas dos comunidades [Cataluña y Navarra] para impulsar desde aquí medidas que contribuyan a facilitar el cumplimiento de la ley».
A la pregunta de si se encuentran impunes los infractores, en Vivienda recuerdan que en caso de incumplimiento los inquilinos «pueden usar la vía judicial». El problema es la odisea a la que se enfrentan para comprobar si la renta que les cobra el casero es la que marca el Gobierno. De hecho, la única solución que tendrían en su mano en la actualidad es la de acudir a los registradores de la propiedad para, de este modo, averiguar cuántas propiedades tiene una persona.
Si un propietario se salta esta ley en Barcelona o en Pamplona las multas a las que se expone son bien diferentes. Mientras que un navarro podría tener que pagar 30.000 euros por no registrar sus viviendas en el censo que habilitó desde que la declaración de zonas tensionadas, un catalán podría llegar a desembolsar hasta 900.000 euros si incumpliesen las limitaciones impuestas.
Los inquilinos pueden denunciar a los caseros que cometan «fraude de ley»
Cuando Cataluña cerró el acuerdo sobre el régimen sancionador que aplicaría a quienes se saltaran la Ley de Vivienda dejó muy claros dos puntos: que iría, sobre todo, contra aquellos que impusiesen una renta del alquiler por encima del 30 % de lo que indica el índice de referencia, y contra quienes cometan fraude de ley modificando el contrato de alquiler residencial por uno de temporada.
Como explica la abogada Carolina Fernández, en portales inmobiliarios como Idealista estas semanas han proliferado, precisamente, los arrendamientos situados en A Coruña que se anuncian como «de temporada». Dado que los dueños de estas viviendas no se exponen a la horquilla de precios que marca el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, más de uno ha optado por hacer trampa.
Como recuerda esta letrada, los inquilinos tienen la sartén por el mango si detectan irregularidades. «Por ejemplo, pueden denunciar siempre que se firme un arrendamiento de temporada y no lo sea. Este tipo de contratos tienen que cumplir una serie de requisitos: debe constar que la duración es inferior a un año y también la causa del contrato, que podría ser un desplazamiento laboral, una cuestión de estudios o una estancia médica». Continúa Fernández: «Además, en el contrato debe especificarse el domicilio habitual del inquilino, y cuando se hacen contratos de temporada que no son reales esto no suele ocurrir».