La Xunta da por hecho que los cooperativistas de Xuxán, en A Coruña, tendrán que poner más dinero
A CORUÑA
«Todos dicen que nos comprenden, pero nadie nos da la solución. Se da por hecho que habrá financiación del ICO, pero como el ICO diga que no salta todo por los aires», se quejan los afectados tras reunirse con Vivenda
14 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La incertidumbre de los cooperativistas de Xuxán sobre la situación a la que puede abocar la falta de financiación para construir 224 viviendas de alquiler social se ha agudizado de tal forma que ayer por la tarde, a la salida de una reunión con la Xunta, uno de los socios planteó un escenario que nadie quiere imaginar. «Se da por hecho que habrá financiación del ICO, pero como el ICO diga que no salta todo por los aires», advirtió el portavoz de las familias tras entrevistarse con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, en busca de una salida para la que ayer tampoco hubo avances.
«De todas las reuniones salimos sintiéndonos respaldados. Todos nos dicen que nos comprenden, pero nadie nos da la solución», resumió el cooperativista, que confirmó que «el talante de la conselleira es intentar desbloquear la situación; nos dijo que va a hacer lo que pueda y está en su mano, aunque al final la propuesta económica de la que parte ni siquiera es la original. La Xunta asume la postura de la gestora de la cooperativa».
El compromiso de Allegue
Vivenda se comprometió a solicitar una reunión a cuatro bandas con el ministerio, el ICO y la dirección de Galivivienda, la cooperativa madrileña a la que la Xunta cedió las parcelas de Xuxán, para tratar de obtener los 38 millones de euros que, a día de hoy, calculan que costará la construcción de los pisos. Allegue calificó la situación en que se hallan las familias de «insólita e inaceptable» y defendió que «Galicia non recibiu nin un euro» de los 4.000 millones de fondos europeos para vivienda pública de alquiler gestionados por el ICO.
«Nos dijeron que somos la primera cooperativa que se acoge a esta línea, que no se podría aplicar a otras, al parecer, y que mañana [por hoy] volverían a solicitar la reunión, porque la semana pasada no tuvieron respuesta», señaló el cooperativista. Si ese encuentro entre Administraciones se produjese, la Xunta no pelearía por las condiciones que notificaron los dirigentes de Galivivienda a las familias en abril del 2024, para un presupuesto estimado de 30 millones de euros, sino las que comunicaron un año más tarde, sobre un cálculo de 38 millones, «inasumibles» para buena parte de los 224 socios. «Habrá muchos que no puedan continuar. Yo mismo, probablemente. Ahora nos piden otros 10.000 euros (63.000, en total) y, lo que nos hace más daño, 20 cuotas mensuales de 225 euros durante el tiempo que dure la obra. Eso, sumado al alquiler que estamos pagando, es descabellado», recalca.
A la pérdida de un rumbo cierto se suma el recelo hacia los dos gestores, Rafael Román e Iván Blanco, condenados hace años por alzamiento de bienes. «La desconfianza es total. Llegaron a decirnos que teníamos la conformidad por escrito del ICO y, cuando se la pedimos, dijeron que no, que había sido verbalmente. Nos hicieron subrogarnos a otra cooperativa porque así el rating financiero iba a ser mejor. Nos dijeron incluso que ya les habían dado luz verde al crédito», detalla el cooperativista, que alude a un encuentro en el ministerio en el que les confirmaron que el ICO «ni siquiera ha decidido la viabilidad del crédito».
Fuego cruzado
En la escena política, el caso sigue alimentando el fuego cruzado entre los partidos. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló ayer que se trata de «unha emerxencia habitacional e temos que dar solución. Tal e como dixo o ministerio, ese incremento que se solicita aos cooperativistas non vén dado polo ICO», indicó, y lanzó la pelota al tejado de la Xunta, «que é competente nesta materia e o primeiro que ten que facer é aclarar que é o que está pasando realmente».
Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, se refirió al «riesgo cierto de pérdida de fondos que está repercutiendo a quien quiere optar a un alquiler social haciendo un esfuerzo importante y que están asumiendo costes inasumibles», en relación a la pérdida de una ayuda europea de 10 millones de euros que recae sobre los gestores. «Están subrogados en el papel de prestamistas o financiadores de la Xunta, eso no puede ser así y la Xunta tiene que asumir sus responsabilidades. Si el modelo no funciona, hay que cambiarlo, y cuanto antes darles una respuesta y alguna certeza», añadió.