La instalación, que cuesta 66.000 euros, entró en servicio hace menos de 2 meses
23 may 2025 . Actualizado a las 14:54 h.El primer radar de tramo instalado en una carretera convencional del área de Vigo ha sido objeto de un sabotaje apenas unas semanas después de su puesta en marcha. El dispositivo, ubicado en la PO-340 entre Gondomar y Tui, fue vandalizado a la altura del kilómetro 4,3, en el margen derecho de la vía en sentido a la villa condal. Al pasar por la zona pueden observarse cables sueltos y otros signos visibles de deterioro.
Los daños fueron denunciados el 12 de mayo y, según confirmó la Guardia Civil a La Voz, consistieron en la desaparición de una de las cámaras del sistema —que habría sido sustraída—, la rotura de otra y la inutilización del sistema de iluminación del radar. Hay una investigación abierta para intentar dar con los autores de estos hechos, que pueden constituir un delito de daños tipificado en el Código Penal.
El radar fue instalado en septiembre del 2023, pero no fue hasta finales de marzo cuando entró oficialmente en servicio, según figura en la lista actualizada de puntos de control de velocidad publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este cinemómetro, que cuesta unos 66.000 euros, forma parte de un sistema dual que controla la velocidad media de los vehículos entre los puntos kilométricos 4,2 y 6,2 de la PO-340, una carretera de titularidad autonómica.
La PO-340 es un vial secundario con notable volumen de tráfico comarcal. Une Tui y Gondomar a través de un trazado sinuoso de montaña, con curvas en pendiente, visibilidad limitada, línea continua y un solo carril por sentido. La Xunta había invertido recientemente 1,2 millones de euros en obras de mejora, y la instalación de este radar formaba parte de ese paquete de actuaciones destinadas a reforzar la seguridad vial.
A diferencia de los radares fijos, los cinemómetros de tramo no capturan una imagen puntual, sino que calculan la velocidad media entre dos puntos. Si el tiempo invertido en cubrir el trayecto es inferior al correspondiente al límite —en este caso, 60 kilómetros por hora— se genera automáticamente una sanción. El sistema graba de forma continua e identifica las matrículas a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador compara los registros coincidentes, calcula los tiempos de paso y determina la velocidad media. Si esta supera el límite, se tramita la denuncia.
En la provincia de Pontevedra hay actualmente 53 dispositivos de control de velocidad, pero solo dos son de tramo. El primero se encuentra en la autopista AP-9, entre el túnel vigués de Candeán y A Madroa; el segundo es este,, en la subida al Alto de San Antoniño.
La repercusión de estas acciones va mucho más allá del daño material. Según recordó la DGT, en un publicación reciente, la vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal. Además de atentar contra un bien público, comprometen directamente la seguridad vial, que es el fin último de los puntos de control de velocidad en toda la red estatal. Los autores, advertía Tráfico, deberán responder ante la Justicia, también por los costes derivados: unos 66.000 euros por cada radar de tramo.