La jueza avala cobrar el saneamiento pese a que el caudal filtró al sótano
07 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Una fuga de agua en un edificio de Vigo acabó convertida en una factura de 12.300,94 euros y, después, en un pleito contra el Concello. La comunidad de propietarios del inmueble situado en el número 10 de la calle Luis Ksado ha perdido el recurso que presentó para intentar anular parte del recibo emitido por Aqualia a raíz del consumo registrado por una avería. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha dado la razón al Ayuntamiento y ha avalado que la concesionaria cobre también los conceptos de alcantarillado y depuración, aunque los vecinos defendían que el agua perdida no había sido evacuada por la red municipal de saneamiento.
La sentencia resuelve un conflicto que puede afectar a muchas comunidades de vecinos cuando se enfrentan a una fuga oculta o a una avería que dispara el contador.
La factura de Aqualia estaba fechada el 16 de agosto de 2024. La comunidad recurrió primero ante el Concello, pero el gobierno local desestimó su recurso de reposición mediante una resolución del 11 de junio de 2025. Después acudió al juzgado. El recurso contencioso-administrativo fue presentado el 5 de septiembre de 2025 y la vista oral se celebró el 3 de febrero. La cuantía del pleito quedó fijada en 5.194,29 euros. El fondo del asunto no era solo el agua perdida, sino los conceptos asociados al saneamiento. La comunidad sostuvo que las cantidades facturadas por Aqualia correspondían a una fuga sufrida en el edificio y que no podía cobrársele por alcantarillado y depuración, ya que, según su versión, las aguas se filtraron al sótano y no fueron evacuadas a través de la red de saneamiento. Los vecinos cuestionaban que se les exigiese pagar por depurar o sanear un caudal que, a su juicio, no había llegado a utilizar esos servicios.
El Concello defendió la legalidad del cobro. En el procedimiento alegó que la circunstancia de que el consumo se debiera a una fuga ya había sido tenida en cuenta por la concesionaria al aplicar la bonificación prevista en la ordenanza municipal. También sostuvo que las aguas filtradas acabaron, «al menos en parte», en la red de saneamiento municipal.
La jueza centra el debate en la normativa que regula el servicio. La resolución recuerda que el reglamento municipal de abastecimiento de Vigo establece que «calquera fuga de auga neste tramo será medida polo contador e facturada ó abonado de acordo coas tarifas correspondentes». El mismo artículo añade que, si se trata de una fuga oculta, el abonado podrá solicitar al concesionario «una bonificación do 50% do importe facturado».
Ese precepto resulta decisivo para el fallo. La sentencia explica que, en caso de fuga, el agua medida por el contador se factura conforme a las tarifas correspondientes. Y dentro de esas tarifas están incluidas las cuotas variables del servicio de alcantarillado y de depuración de aguas residuales, reguladas en la ordenanza municipal. Por eso el juzgado rechaza la tesis de la comunidad, que pretendía separar el consumo de agua del resto de conceptos incorporados al recibo.
La magistrada razona que no cabe excluir el alcantarillado y la depuración en función de si el servicio fue usado o no de forma efectiva en ese caso concreto. La sentencia lo expresa con claridad: «no pueden excluirse tales conceptos en función de si se ha utilizado o no el servicio de alcantarillado o depuración». El motivo es que la propia regulación ya prevé cómo deben aplicarse las tarifas cuando se produce una fuga. Además, el fallo subraya que en cualquier fuga el agua no sigue el recorrido ordinario, porque precisamente se pierde antes de circular por los canales habituales.
El juzgado no reconstruye cómo se produjo la avería, cuánto tiempo duró ni qué daños pudo ocasionar en el sótano. Tampoco entra a calcular los litros perdidos. La resolución se limita a determinar si la factura podía incluir esos conceptos pese a tratarse de una fuga. Y la conclusión es favorable al Concello y a Aqualia. La jueza afirma que «la factura ha sido correctamente realizada por la empresa concesionaria Aqualia», por lo que desestima el recurso de la comunidad y confirma la resolución municipal. La comunidad pierde así la reclamación, aunque no tendrá que asumir las costas del procedimiento.