Embargos a morosos, desahucios de inquilinos o cobros de multas están pendientes de que los tribunales aseguren su cumplimiento
18 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 20.000 vigueses están a la espera de que se haga Justicia pese a haber ganado en los tribunales. Aunque un ciudadano salga victorioso en un juicio le espera un largo camino para ser resarcido. Primero, tiene que pedir expresamente al juez que ejecute la sentencia firme, lo que supone iniciar un nuevo proceso llamado ejecución y aguardar a cobrar la indemnización. Por ejemplo, si un deudor es condenado a devolver un préstamo on line de 5.000 euros y no cumple, los funcionarios del Servicio Común de Ejecución hacen un rastreo de las cuentas bancarias y de sus bienes y si descubren dinero o algo de valor se lo embargan. Otras veces, le requisan el coche o una finca y los revenden en una subasta pública. Todo eso lleva su tiempo, entrar en callejones sin salida y cuentas sin fondos. Pueden pasar años hasta que los funcionarios hagan justicia y le entreguen su compensación al perjudicado que venció en el pleito.
El problema es que el recién creado Servicio de Ejecución de la Cidade da Xustiza de Vigo acumula 20.159 expedientes pendientes de ventilar. Los funcionarios vigilan que el condenado cumpla todo lo que le ordenó el juez: penas de prisión, multas, pago de indemnizaciones, salgo de deudas, abono de pensiones de alimentos o desalojo de viviendas. Pero si no es un asunto urgente o prioritario, que afecte a un preso o a un menor, el expediente de ejecución pasa a engrosar la cola de espera. El lote de asuntos atascados que están en ejecución equivale a casi la mitad de las demandas y denuncias que son registradas en Vigo durante medio año en los juzgados.
Con la nueva reforma legal que entró en vigor en enero, las oficinas judiciales se han especializado: unos funcionarios tramitan los expedientes y otros, los ejecutan. El nuevo Servicio Común de Ejecución, que vigila el cumplimiento de sentencias de lo penal, social o civil, se ha encontrado en Vigo con una herencia de decenas de miles de ejecuciones sin satisfacer completamente. Se supone que la nueva oficina agilizará todo el proceso porque los funcionarios estarán especializados, trabajarán en cadena y se repartirán ágilmente los casos.
En la práctica, significa que hay 20.000 vigueses que esperan durante meses o años a ser compensados económicamente por un daño que sufrieron. Aunque el juez les ha dado la razón, siguen sin cobrar la indemnización a la que tienen derecho como víctimas de un accidente de tráfico, ni ser resarcidos por las humedades de un edificio, ni percibir las mensualidades de una pensión de alimentos que el padre ha sido condenado a abonar.
Algunas de estas ejecuciones son deudas que se remontan a la crisis del ladrillo o a los años 90 y cuyo expediente sigue vivo, a la espera de encontrar dinero. Una reclamación que el banco consideraba incobrable revive porque el moroso se jubila y recibe ingresos regulares de su pensión, momento en que los funcionarios actúan y embargan las cuentas bancarias aunque le dejan lo suficiente para subsistir. Otras veces, la deuda de una factura o un recibo del agua, el teléfono o la luz ha sido comprada por un fondo de inversión o de recobro y reclama el pago.
Otras veces, una comisión judicial acude al piso de un inquilino que no paga, cambia la cerradura y lo desahucia. Y, en otras ocasiones, los oficinistas de la Cidade da Xustiza hacen el seguimiento de un condenado a prisión, desde que entra en la penitenciaría, obtiene permisos y sale. El control y vigilancia dura años. O se trata de un divorcio con hijos, cuya ejecución se prolonga durante años y el juez no da carpetazo hasta que los niños cumplen la mayoría de edad.