Uruguay congela los pagos al astillero vigués Cardama hasta que la Justicia resuelva el caso de las patrulleras
VIGO
El Gobierno de Orsi mantiene el contrato en «stand by», pero suspende la financiación si no ocurren «hitos relevantes»
23 dic 2025 . Actualizado a las 01:14 h.El Gobierno de Uruguay ha decidido congelar los pagos al astillero vigués Cardama hasta que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia vinculada al contrato de las patrulleras oceánicas. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, ha comunicado este lunes que no se autorizarán más desembolsos hasta que su equipo considere que se están produciendo «hitos contractuales relevantes». El pedido está valorado en unos 82 millones de euros y, por ahora, la fabricante naval gallega ha recibido cerca de 26 millones.
Entre los hechos destacables que consideraría el Ejecutivo sudamericano se encuentra, por ejemplo, la instalación de motores en las embarcaciones. Tras anunciar que cerraría el grifo de la financiación, Lazo insistió en la intención de que Uruguay «tenga las herramientas necesarias para custodiar nuestras aguas, pero no a cualquier costo». Además, zanjó que su previsión es la ruptura del contrato con Cardama tras la actuación del poder judicial, pero por ahora se mantiene «en stand by».
Dos secciones de la Fiscalía uruguaya están analizando el caso: la de Corte y la de Delitos Económicos. Se corresponden con las dos veces en que el Gobierno de Yamandú Orsi o su cúpula más cercana elevaron a la Fiscalía dos denuncias relacionadas con el contrato de las patrulleras adjudicado al astillero vigués Cardama. La primera intervención se solicitó en octubre y la segunda, correspondiente con una ampliación de la denuncia, sucedió hace dos semanas.
La decisión de congelar los siguientes pagos al astillero —el próximo estaba previsto para enero— contradice las declaraciones emitidas por el presidente del Banco de la República Oriental de Uruguay (BROU). Álvaro García dijo a finales de noviembre que este abono era «irrevocable» porque la entidad se había comprometido con un calendario de pagos. En el último mes, el Gobierno ha seguido examinando con lupa diferentes procesos relacionados con la adjudicación del contrato con Cardama y ahora decirle suspender los pagos.
El Ejecutivo uruguayo decidió hace dos meses llevar ante la Fiscalía del país el contrato de las patrulleras, tras haber detectado presuntos «indicios de fraude» relacionados con el aval que sostiene la construcción del pedido. Este documento, conocido como garantía de fiel cumplimiento, fue emitido por Eurocommerce, una empresa del Reino Unido que se encuentra en vías de liquidación. Tras esta actuación, la dirección de la fabricante naval de Vigo comunicó su disposición a buscar un nuevo avalista para seguir adelante con la construcción, la más importante de su centenaria historia.
Más tarde, el Gobierno de Orsi detectó irregularidades relacionadas con el acta notarial y amplió la denuncia. Desde el astillero trasladaron entonces que no tenían constancia formal de ninguna actuación judicial.