Los comerciantes de O Morrazo exigen que se anule el «arbitrario» tasazo de la basura
VIGO
Fecimo denuncia en sus alegaciones falta de información y discriminación
07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo, Fecimo, ha solicitado la nulidad de las tasas de basura aprobadas el 13 de octubre y que están en período de alegaciones. Aluden a falta de información, subidas desproporcionadas y que no se cobra de acuerdo a lo que se genera de residuos.
Anoche hubo una nueva reunión en el Concello de Cangas. Los abogados de los comerciantes esgrimen que falta una certificación del secretario de la mancomunidad que acredite fehacientemente que el expediente completo ha estado a disposición de los ciudadanos durante todo el plazo legal. «Esto genera una situación de indefensión y podría constituir un vicio de nulidad de pleno derecho». Así figura en un escrito redactado por los asesores jurídicos de la federación que ha sido entregado a la Mancomunidade do Morrazo dentro del plazo de alegaciones. La nulidad se debería «al privar a los interesados de su derecho a examinar y alegar con pleno conocimiento de causa».
La presidencia del organismo comarcal y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), volvió a convocar a los comerciantes y hosteleros para debatir posibles correcciones al documento que está en exposición pública hasta el 3 de diciembre. En el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra no consta certificación que acredite que el expediente está completo, según Fecimo, incluido el informe técnico económico y que ha sido expuesto en el tablón de la mancomunidad durante los 30 días legales. Sería obligatorio. Los comerciantes citan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que sostiene que en estos casos «hay una exigencia de publicidad de cumplimiento reglado cuya inobservancia acarrea la nulidad del texto aprobado».
Los juristas que representan a cientos de comerciantes señalan que el informe técnico económico tiene «graves deficiencias». Reconoce que una parte sustancial del coste del servicio (recogida, transporte, etc.) está pendiente de un nuevo expediente de licitación «estimando una baja del 5 % sobre el presupuesto base». Sostienen que se manejan conjeturas: «No se puede garantizar que el importe global de lo que se recaude con las tasas no superará el coste real del servicio». Además, se prevé que los concellos integrantes de la mancomunidad aporten 1.156.562 euros para cubrir servicios prestados a ellos mismos, es decir, recogida de basuras en locales municipales, festejos, mercados… «Sin embargo no se desglosa ni justifica como se ha calculado esa cifra, ni se acredita que los costes no se estén repercutiendo ya a los sujetos pasivos de la tasa, lo cual constituiría una doble imposición».
Fecimo asegura que se produce también una vulneración de los principios de proporcionalidad y de pago por generación. La Ley 7/2022 exige que la tasa permita implantar el pago por generación de residuos, vinculando la cuota a la cantidad y al tipo de basura que se genera. Este tema fue objeto de contestación por parte de los bares de copas y pubs, que consideran excesivo el tasazo porque «los únicos residuos que se generan son huesos de aceitunas, algunas cajas de cartón y envases que se reciclan, lo mismo que el cartón». Por esto, los hosteleros han instado a una modificación a la baja reclamando que la tasa fija por recogida sea solo de cien euros al año y que la variable esté en función del tamaño del local. Cada cien metros tendría que haber una imposición diferente. «Si bien el informe técnico reconoce esta obligación, las tarifas propuestas resultan desproporcionadas y en algunos casos arbitrarias», sostiene Fecimo en su alegación. Pone de relieve que se exige una cuota fija que va de 200 a 400 euros para comercios, industrias y servicios: «Este sistema castiga a los pequeños establecimiento que deben soportar una cuota fija». Así lo sufre una parafarmacia del centro cuya dueña, Silvia, asegura que solo produce una papelera de residuos cada tres días. La federación de comerciantes recuerda un caso parecido en Castilla y León. El tribunal superior de aquella comunidad calificó de «desproporcionado» el cobro.
El principio de capacidad económica también se vulnera, según Fecimo. La aplicación de una cuota fija de 200 a 400 euros sin considerar la superficie del local, el volumen de negocio o un cualquier indicador de capacidad económica «genera una carga tributaria desproporcionada y regresiva». Los comerciantes destacan que un pequeño local de 30 metros soporta la misma cuota fija que uno de 300 metros.
Las alegaciones aluden a la desproporción de lo que tienen que pagar algunos comercios como una boutique, una librería o una zapatería que tienen una cuota fija de 200 euros al año, una cifra que es el 58 % superior a la de los hogares que pagarán solo 126 euros «a pesar de que el volumen y tipo de los residuos generados es igual o inferior a los producidos por un hogar promedio».
Sobre las bonificaciones por reducción del desperdicio alimentario, señalan que la del 5 % para la hostelería es meramente simbólica. También reclaman una cuota variable cero para los locales que apenas generan residuos.
Colectivos como la asociación de comerciantes Cangas Vella desarrollan su propia campaña de información con carteles en el casco antiguo en los que denuncian las fuertes subidas. También asociaciones vecinales debaten la ordenanza en asambleas informativas.
Aunque no ha habido ninguna contestación social tan fuerte como la de O Morrazo, la subida de la basura genera polémica en otros lugares. El grupo municipal del PP de Gondomar presentará alegaciones a la nueva ordenanza tras abrirse el plazo de exposición pública durante treinta días hábiles hasta el 19 de diciembre. Los populares rechazan a una subida tan alta, que se sitúa de media en un 73,75 % y que ronda el 500 % para las viviendas más alejadas de los contenedores, sin diferenciar lo que se paga según la distancia. También exigirán más contenedores para favorecer la cercanía con los usuarios e impulsar la separación de residuos, el reciclaje y el compostaje. La concejala Paula Bouzós anima a los vecinos a presentar alegaciones para «hacer fuerza» y tratar de frenar» la tasa.