Endesa e Iberdrola redoblan su presión al Gobierno e inician una reclamación por los residuos nucleares
SOCIEDAD
La polémica se produce al mismo tiempo que el sector energético busca ampliar la vida útil de las centrales españolas
09 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Continúa el tira y afloja entre las energéticas y el Gobierno a cuenta del parque nuclear y todo lo que rodea a este sector. Con la prórroga de la vida útil de las centrales españolas aún en el aire, Endesa e Iberdrola —las principales propietarias— redoblan su presión a Moncloa en este ámbito. Este martes, Endesa ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una reclamación patrimonial por los residuos nucleares. Esta petición, realizada por la vía administrativa, se suma a la que a principios de año presentó Iberdrola, en este caso por la vía contencioso-administrativa, por la subida de las tasas para la gestión de los residuos radiactivos, conocida como Tasa Enresa.
Desde 2024, ambas compañías mantienen con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una batalla —hasta ahora dialéctica— sobre la actualización del importe que deben pagar las propietarias a la empresa pública por la gestión de los activos de las centrales. La normativa española y europea se basa en el principio de «quien contamina paga». «Esto significa que quien genera cualquier tipo de residuo debe asumir su gestión», explican fuentes del sector a este periódico. «De ello se encarga Enresa, y las empresas implicadas costean un fondo para asumir ese gasto», añaden. En el caso de los desechos de esta industria, además de ser peligrosos, son muy costosos. «Hablamos de decenas de miles de millones», detallan.
Tras casi dos décadas sin actualizar la tasa, el Gobierno aprobó el séptimo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que implicaba un incremento del 30 % en esta conocida tasa. Aumento que tanto Iberdrola como Endesa rechazaron, amenazando con presentar una reclamación patrimonial que finalmente se ha hecho efectiva este mes de julio. «Subió por encima del techo acordado en el Protocolo de Cierres», defienden en el sector.
El «desastre» después del cierre nuclear
El incumplimiento al que se refieren es el protocolo rubricado en el 2019, en el que se establecía el calendario de cierre, que comenzará con la desconexión del primer reactor de la central nuclear de Almaraz en el 2027 y concluirá con Trillo en el 2035. En ese documento, energéticas y Gobierno actualizaron el plan de residuos radiactivos que ahora —según las compañías— se ha incumplido. Por ello se presentan reclamaciones por la vía administrativa y judicial, respectivamente.
Fuentes del Ejecutivo defienden —y presumiblemente esa será la estrategia adoptada por la Abogacía del Estado, que ya trabaja en la defensa de ambas reclamaciones— que en el 2023, año en que se aprobó el nuevo plan de residuos, se produjo un cambio en el sistema de almacenamiento: en lugar de concentrar los residuos en un único depósito, se optó por distribuirlos en siete almacenes situados en las ubicaciones de las propias centrales nucleares. Esta solución ha provocado un aumento de los costes y, en consecuencia, de la Tasa Enresa.
Presión para prolongar el cierre
La reclamación de Endesa al departamento de Sara Aagesen llega unas semanas después de que ambas compañías enviaran al Miteco una carta pidiendo una extensión de la vida útil de la central extremeña de Almaraz. «No hay propuesta concreta», recalcó el Ejecutivo. Además, fuentes gubernamentales recordaron que no se cumplía con una de las líneas rojas exigidas: «no está firmada por todos los propietarios». La petición fue firmada por los dos accionistas mayoritarios, pero no por Naturgy y EDP.
El Gobierno ya había anticipado que está dispuesto a tramitar y analizar la solicitud de prórroga de la central de Almaraz —o de cualquier otra— siempre que las compañías eléctricas la presenten de forma oficial. Así lo expresó el propio presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, aunque con una advertencia clara: primero, las empresas del sector deben alcanzar un acuerdo entre ellas; y, posteriormente, su propuesta debe cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, que la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares sea segura, que resulte necesaria para garantizar el suministro eléctrico y que no genere un sobrecoste para los consumidores.
Iberdrola, Endesa y Naturgy están ultimando una propuesta conjunta para solicitar al Gobierno la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de prolongar su operación hasta 2030, lo que consideran el «consenso mínimo» entre los tres socios. Como primer paso, las compañías se preparan para aprobar de forma inminente un plan de inversiones que permita acondicionar las instalaciones de cara a una posible extensión de su funcionamiento. Posteriormente, se presentaría la solicitud formal para renovar la licencia de operación. Por ahora, la próxima junta de socios de Almaraz no tiene fecha definida. Aunque se contempla su celebración en julio, no existe aún plena certeza de que se lleve a cabo en ese plazo.