El PP de Ourense vota por primera vez en contra de la gestión pública del centro de discapacidad

Este viernes el PP de Ourense votó por primera vez en contra de la gestión pública directa del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD). Al igual que el resto de partidos, en el año 2016 los populares ourensanos firmaron un compromiso en defensa de ese modelo. Aunque con retraso, el edificio ya está construido y el día 20 de diciembre del año pasado, hace poco más de un mes, el PP firmaba una moción conjunta en la Diputación con PSOE, BNG y DO insistiendo en esa reivindicación. Todo cambió en menos de una semana, el 26 de diciembre, cuando la Xunta de Galicia confirmó que el centro no tendrá una gestión directa. De hecho, ya ha sido licitado para entidades sociales sin ánimo de lucro.

El día 20 de diciembre, el presidente provincial, Luis Menor, decía que el PP ourensano reclamaría un modelo 100 % público «en coherencia» con lo que ocurre con los otros tres CAPD gallegos, situados en As Xubias (A Coruña), Chapela (Pontevedra), y Sarria (Lugo). «Poñemos, que quede claro, á provincia e aos veciños da nosa provincia, sobre todo ás persoas vulnerables, por diante de calquera ideoloxía política», proclamaba entonces la portavoz del gobierno popular, Patricia Torres.

Los argumentos de ambos este viernes fueron diferentes. Tras oficializarse la apuesta de la Xunta por la gestión indirecta, PSOE y BNG volvieron a llevar este asunto a la Diputación con una moción, pero las circunstancias han cambiado, según aseguraron los representantes del PP. Patricia Torres explicó que en el pasado la disyuntiva era entre gestión empresarial o pública, pero «hoxe o debate non é ese» porque el servicio correrá a cargo una entidad sin ánimo de lucro. Además dijo que los pliegos garantizan que funcionará en las mismas condiciones y con las mismas garantías que los centros de gestión directa. Luis Menor insistió en la idea de que no será una empresa, sino una entidad social la encargada del servicio. Y añadió que el de Ourense no será el único centro de Galicia con ese modelo. Se refirió a un centro ocupacional (no CAPD) de Ferrol que ya funcionaba con gestión indirecta —en su caso, con una empresa— y que ahora vuelve a licitarse tras las quejas que había por su funcionamiento.

Para defender su posición, el PP cedió su primer turno de palabra al presidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en Galicia, Ramón Sestayo. Este no habló sobre el caso concreto del CAPD de Ourense, sino que se limitó a explicar el trabajo que realizan las entidades sociales en Galicia. «Non somos empresas con consellos de administración nin temos accionistas», subrayó, al tiempo que lamentó las críticas a este tipo de organismos: «Creo que se nos desprestixiou e que se puxo en tela de xuízo o noso traballo e a nosa traxectoria».

Previamente, PSOE y BNG también habían cedido su primera intervención a una persona ajena a la corporación, en su caso, la portavoz de la Plataforma ProCAPD, Eva Gutiérrez, madre de un joven de 17 años con discapacidad. Ella recordó la gran manifestación del año 2017 o las más de 50.000 firmas recogidas para reclamar el centro. Insistió en que este nuevo modelo de gestión indirecta no es el que funciona en los otros CAPD de Galicia: «Isto lévanos a pensar que os nosos fillos son cobaias de laboratorio». Según dijo, «a Xunta non pode delegar a súa responsabilidade coa discapacidade, igual que non a delega coa educación ou a sanidade».

Elvira Lama, del PSOE, se mostró decepcionada con la posición del PP y recordó lo ocurrido en el pleno de diciembre, cuando los populares defendían la gestión pública directa. «Que mudou desde entón? Unha chamada ao redil», dijo la socialista, que añadió: «Estamos ante un ‘‘ordeno y mando’’ e vostedes, a obedecer». Bernardo Varela, del BNG, recordó la lucha de finales del año 2019 contra del cierre del paritorio de Verín, en la que participaron activamente los populares ourensanos. «Máis semella isto a doma e castración do PP de Ourense. O importante é darlles a vostedes unha lección de obediencia», resumió el nacionalista.

Todas esas alusiones no sirvieron para cambiar el criterio del gobierno provincial. «Ao mellor eu tomaría outra decisión, pero non é a miña competencia», concedió Luis Menor, que invitó a la oposición a continuar su reivindicaciones en el Parlamento de Galicia. «Non imos contribuír máis a esta cerimonia da confusión. [...] Aquí non imos arranxar nada», sentenció el líder de los populares ourensanos para justificar el voto en contra de la moción presentada por PSOE y BNG.

Jácome no votó

Democracia Ourensana se abstuvo y su portavoz, Rafael Martínez Cachafeiro, solo intervino para decir que su partido «ya expuso su forma de entender este problema» en el Concello —donde también optó por la abstención— y en la Diputación en diciembre, donde sí votó a favor de la gestión pública. «Donde de verdad se tiene que luchar es en la Xunta», dijo, poco antes de que Bernardo Varela le recordarse que esta misma semana se debatió este asunto en el Parlamento de Galicia y DO se abstuvo.

En la votación de ayer no pudo participar el líder de su partido y alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, porque se fue en mitad del debate de la moción y ya no volvió al pleno.

El PSOE se descuelga del frente común contra la supresión de paradas de bus que plantea el Gobierno

El pleno de este viernes en la Diputación de Ourense estuvo marcado por las reivindicaciones ante otras Administraciones. PSOE y BNG plantearon la suya ante la Xunta por la gestión del centro de atención a la discapacidad y el PP llevó otra en protesta por los planes del Gobierno central para rediseñar el mapa de líneas de bus en toda España. A nivel ourensano, esta medida supondrá la desaparición de seis paradas o servicios en Trasmiras, A Mezquita, Ribadavia, Riós, A Rúa y Allariz, subrayó el popular Xosé Miguel Pérez Blecua, que hizo hincapié en que la única novedad en positivo es un viaje entre Ourense y Avilés. Subrayó la necesidad de tener en cuenta la intermodalidad —ya que la estación ourensana mueve más de dos millones de viajeros, más que los aeropuertos de Vigo y A Coruña— y de mejorar la coordinación entre el Estado y la Xunta.

La propuesta contó con el respaldo del BNG. «Acaban convertendo a esta provincia nun territorio de segunda clase», lamentó Xosé Manuel Puga, que subrayó que la supresión de la parada de Allariz, con 3.133 usuarios anuales, «sería un auténtico drama». Democracia Ourensana también votó a favor de la moción del PP al entender, según Antonio Fernández, que el plan del Gobierno sería «un paso más en el aislamiento que venimos sufriendo desde hace años».

Así pues, solo el PSOE optó por el no. Diego Fernández explicó que el modelo actual está «desfasado» y que el nuevo «aposta por reducir os tempos». Para los viajes internos, la Xunta es la que tiene la competencia, recordó. «Estamos falando de que quen ten que vertebrar Galicia é o Estado?», se preguntó.

Descartado definitivamente el balneario que proponía Baltar en el Pazo Provincial

Uno de los proyectos estrella del predecesor de Luis Menor al frente de la Diputación era convertir el Pazo Provincial de la calle Progreso en un hotel-balneario. La idea recibió el respaldo del Estado con una subvención de 5,5 millones de los fondos Next Generation, pero el actual presidente ya sugirió en varias ocasiones que esa propuesta concreta está descartada. Este viernes lo dejó claro en respuesta a una pregunta del BNG: «É obvio que ese programa non se vai executar nos termos nos que estaba».

la condena de baltar

Caso cerrado. Tras la condena de José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora con el coche oficial de la Diputación, el BNG preguntó si la institución sabe a dónde se dirigía aquel día y si ya se puede identificar a quien conducía el vehículo ese mismo domingo en Allariz, cuando fue multado por ir a 173 kilómetros por hora. Menor respondió que el delito ya está juzgado y que el expediente de la otra sanción está cerrado.

crisis en el principal

Sin bonos. El retraso en la presentación del programa semestral del Teatro Principal tendrá como consecuencia que los abonados habituales tendrán que retirar las entradas de cada función. No dispondrán, como es habitual, de sus bonos, pero sus asientos seguirán bloqueados para facilitar su asistencia. Esta situación es «consecuencia de circunstancias excepcionais», dijo el vicepresidente César Fernández, que aseguró que la normalidad se recuperará el próximo semestre.

aparcar en el chuo

Intermediación. El PSOE trasladó al gobierno provincial las quejas de los trabajadores del CHUO —un grupo de ellos asistió al pleno— por el alza de precios en el párking del hospital Santa María Nai. La socialista Elvia Lama criticó que el personal solo podía pagar sus abonos en metálico, sin tarjeta, y Patricia Torres, del PP, indicó que ya se ha pedido a la empresa que corrija esa situación. Además dijo que próximamente habrá una reunión con todas las partes implicadas para abordar el problema.

contra el radón

Acuerdo unánime. Uno de los pocos asuntos que concitó el apoyo de todos los grupos fue una moción del PSOE para poner en marcha una estrategia provincial contra el gas radón.

---

---

---