La Xunta propone hasta 15.000 euros de multa a los padres que agredan a los profesores de sus hijos. Hemos confundido autoridad con autoritarismo y el docente se encuentra desprotegido, no solo ante alumnos problemáticos, sino ante progenitores dispuestos a agredir a los maestros de sus vástagos. El artículo 124.3 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, establece que los profesores serán considerados autoridad pública, y el Código Penal tipifica el atentado contra dicha autoridad en su artículo 50, por lo que si se agrede a un funcionario docente en ejercicio no hay falta leve, sino delito, que puede ser castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años. A ello debe sumarse el artículo 173.1 del mismo texto legal, sobre acoso y trato degradante, castigado con pena de prisión de hasta dos años. Un profesor temeroso de poner un parte nunca educará bien. Un claustro que calla agresiones por no meterse en líos abandona su función. La medida gallega debe ir acompañada de tres circunstancias: protocolo de denuncia ágil, asistencia psicológica instantánea, en caso de ser necesaria, y aplicación inmediata de la sanción. La escuela no es una selva, el profesor no es el enemigo y educar exige respeto. Proteger a los profesores redunda en beneficio de los alumnos.