Hoy domingo se cumplen 1.192 días desde que fueron aprobados los últimos Presupuestos Generales del Estado, hechos para afrontar el año 2023. Desde entonces no ha habido una actualización de las cuentas públicas. Tres años después, el Gobierno sigue prorrogando unos números acordados en la legislatura anterior, por un Ejecutivo distinto (PSOE y Unidas Podemos) y para una situación que no se puede comparar con la actual. Basta recordar calamidades como la dana de Valencia o los incendios forestales, catástrofes como el accidente de Adamuz, o el giro completo que ha dado la situación internacional desde la llegada de Donald Trump con su política de aranceles, las complicaciones en la guerra de Ucrania o el ataque a Irán. Las consecuencias económicas globales de todo ello no son asumibles con un marco económico pensado para otro contexto.
En este escenario, cada día más imprevisible, España está limitada en su capacidad de respuesta y adaptación. El Gobierno ha podido sobrellevarlo hasta ahora con muchas dificultades y sin mayoría parlamentaria gracias a la generosa aportación de los fondos europeos. Pero estos tienen fecha de caducidad.
Sin Presupuestos, el país apenas cuenta con herramientas para operar ante esa situación global tan incierta, que se suma a la debilidad del Gobierno en el Congreso e incluso dentro de su propio Consejo de Ministros. Y la carencia de ese nuevo marco financiero tiene otras consecuencias domésticas más palpables, como la paupérrima inversión en mantenimiento de infraestructuras que se arrastra ejercicio tras ejercicio.
Tiene razón el presidente cuando insiste en que los datos de crecimiento son los mejores de Europa. Pero los análisis conocidos este fin de semana ya rebajan las previsiones para el 2027, y el Banco de España apunta que la crisis internacional puede llevar la inflación al borde del 6 %. Sin cuentas, el Gobierno se conducirá a ciegas en ese escenario.
También tenía razón Sánchez en marzo del 2018, cuando, como jefe de la oposición, le dijo a Rajoy: «Si no puede aprobar su principal ley, la de Presupuestos, presente una cuestión de confianza». Y añadió en otra ocasión: «Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina». No es lo mismo hablar desde la oposición que desde el Gobierno. El último pretexto esgrimido por el presidente es la guerra en Oriente Medio, iniciada hace apenas cuatro semanas, tras meses de promesas de «sudar la camiseta» para presentar unos Presupuestos. No lo ha hecho sencillamente porque nunca ha tenido una mayoría para aprobarlos. Hasta Ucrania tiene sus cuentas anuales aprobadas.
Poco peso tiene el artículo 134 de la Constitución, que obliga taxativamente a presentar ese marco financiero anual, pero no sanciona su incumplimiento. Estar un ejercicio tras otro sin Presupuestos es una anomalía, pero este Gobierno ha convertido la excepción en norma. Ese incumplimiento de la carta magna no se tolera a los ayuntamientos, que frecuentemente se someten a una cuestión de confianza si no aprueban sus cuentas, como acaba de suceder en Santiago; ni se lo pueden permitir desde luego los ciudadanos, que hacen los números de su economía familiar y pueden ajustarla ahorrando en lo que quieran, menos en impuestos.
María Jesús Montero dejó en su maletín de ministra de Hacienda unas cuantas frases hechas, sin sustento detrás, para asegurar que estaban cerca de presentar unas nuevas cuentas. Su sucesor en Hacienda, Arcadi España, tiene la misión de corregir esa anomalía. No es porque obligue la política. Es porque obliga España, que debe prepararse para lo que venga. Parafraseando al presidente, es lo importante. Pero también es lo urgente.