En los últimos días hemos sido testigos de un preocupante baile de cifras que genera más interrogantes que respuestas. Según los datos publicados recientemente por el ministerio, en Galicia existen unas 15.000 viviendas de uso turístico (VUT). Una cifra que, lejos de reflejar la realidad, nos sitúa ante un espejismo estadístico que merece ser analizado con rigor. La verdad, contrastable en registros públicos, es que Galicia cuenta actualmente con 27.000 viviendas inscritas en el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas). Esta discrepancia de 12.000 unidades no es baladí y nos conduce a cuestionar la rigurosidad con la que se está abordando la problemática de las supuestas VUT ilegales desde instancias ministeriales.
¿Qué criterio ha seguido el ministerio para realizar esta sorprendente criba? La pregunta flota en el aire sin respuesta. No podemos obviar que, hasta hace relativamente poco, las principales plataformas comercializadoras de alojamientos vacacionales permitían el registro de propiedades sin exigir obligatoriamente el número oficial otorgado por la Xunta. Un contexto que debería tenerse en cuenta antes de emitir juicios precipitados sobre la legalidad de estas viviendas.
Conviene recordar, además, un dato revelador: el 80 % de las viviendas turísticas gallegas pertenecen a propietarios particulares, alejados del ámbito profesional y con un perfil tecnológico limitado. Estos pequeños propietarios pueden cometer errores involuntarios al identificar qué número deben incluir en sus anuncios, algo que en ningún caso debería convertirlos automáticamente en operadores ilegales.
En Aviturga llevamos desde el 2017 colaborando estrechamente con la Axencia Galega de Turismo para orientar a estos propietarios en el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, apoyamos cualquier iniciativa del ministerio destinada a detectar unidades verdaderamente ilegales y nos ponemos a su disposición, como asociación representativa del sector, para colaborar en lo que sea necesario.
Sin embargo, consideramos profundamente injusto que aquellos pequeños propietarios que desde el 2017 han cumplido escrupulosamente con todos los requisitos establecidos por la Xunta —la Administración con competencias legítimas en materia de turismo— deban ahora someterse a un doble registro. Esta duplicidad, impuesta exclusivamente con fines recaudatorios, genera una nueva inseguridad jurídica al aplicarse criterios muy diferentes según cada registrador de la propiedad.
El sector de las viviendas turísticas en Galicia ha demostrado sobradamente su compromiso con la legalidad y la calidad. No merecemos ser tratados bajo sospecha generalizada por imprecisiones estadísticas que, lejos de clarificar el panorama, contribuyen a distorsionarlo. Apostamos por el diálogo constructivo, la colaboración interinstitucional y, sobre todo, por un enfoque que reconozca la complejidad y la diversidad de un sector que contribuye decisivamente a la economía gallega.