Exigencias de la Administración
MERCADOS
Existe la percepción general de que la Administración les exige a las empresas y a los ciudadanos unos niveles de calidad, respeto a los plazos administrativos, diligencia, transparencia, eficiencia económica….. que no cumple ni ella misma. Después de escuchada con atención la intervención del economista Javier Morillas, miembro del Tribunal de Cuentas, dentro de la presentación del observatorio financiero y claves económicas realizada hace unos días en el Consejo General de Economistas, estoy en condiciones de afirmar que más que una percepción, es una realidad.
Mientras que a las empresas se les exige una presentación de cuentas en los seis meses posteriores al cierre del ejercicio bajo unas premisas de imagen fiel y real, transparencia, principio de empresa en funcionamiento y diligencia, de acuerdo con la normativa contable internacional, a los entes públicos se les permite una rendición de cuentas con un año de retraso e incluso, existen entidades públicas o semipúblicas, a las que se les consiente gestionar recursos económicos sin que cumplan con la normativa contable.
Las cuentas anuales del sector privado permiten documentar la salud financiera, económica y patrimonial de cualquier empresa o entidad, además de ser herramienta para la toma de decisiones y fuente de información para cualquier persona interesada. Las cuentas públicas tienen la finalidad de ofrecer una visión de conjunto de la actividad desarrollada del sector público nacional y su finalidad debería de ser la misma que se les exige a las privadas: evaluar el estado de la situación económica, financiera y patrimonial tanto a nivel agregado como a nivel individual para así también examinar su sostenibilidad.
Ni entidades públicas ni privadas han tenido tantos medios humanos, informáticos y tecnológicos a su alcance como los que existen en la actualidad por lo que retrasos en la información presentada, omisión de datos, incumplimiento de normativa contable no están justificados y solo constituye opacidad y falta de transparencia.
En concreto, la omisión reiterada de datos relativos al personal y a la composición de la plantilla que forma parte de un determinado organismo, no permite evaluar la sostenibilidad económica ni la viabilidad de dicho ente ni permite tampoco medir la productividad o la dimensión del mismo. Tampoco se ofrece información de las características de las personas que trabajan en los distintas entidades, ni cual es la relación contractual. Sería también muy relevante tener datos reales acerca del absentismo del funcionariado público.
En la práctica, las empresas tienen que informar sobre la composición de la plantilla, la distribución de los contratos, la remuneración del consejo de administración, ofrecer solvencia económica y financiera para concurrir a subvenciones, cumplir con las obligaciones fiscales, tributarias, laborales y de seguridad social.
Por contra a los organismos públicos se les permite ser deficitarios, se les consiente la contratación laboral arbitraria y poco transparente (y el posterior cese de la relación laboral con la misma arbitrariedad), el incumplimiento de la normativa contable y fiscal, y, se permite además, que sigan gestionando recursos de todos los contribuyentes a determinadas entidades que, por no ser, no son capaces ni de gestionar los suyos propios.