Groenlandia, el desconocido territorio autónomo y su marco constitucional
INTERNACIONAL
El ataque de Donald Trump a Venezuela y el secuestro de su presidente han supuesto una vulneración del Derecho internacional y han sacudido el tablero geopolítico mundial en este inicio del 2026. Los hechos confirman que la actual administración estadounidense está dispuesta a traspasar cualquier línea para avanzar sus intereses, que no necesariamente coinciden con los de los pueblos afectados. La pregunta resulta inevitable: ¿quién será el siguiente? En los últimos meses, un nombre se repite constantemente en las amenazas de Washington: Groenlandia.
La tensión ha alcanzado tal nivel que el gobierno danés ha intervenido públicamente para exigir el fin de las presiones estadounidenses. Sin embargo, fuera de Dinamarca y del ámbito nórdico, Groenlandia sigue siendo una gran desconocida, especialmente en lo que respecta a su estatus político y constitucional.
Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, junto con las Islas Feroe y la Dinamarca continental, en el marco del llamado Rigsfællesskab, una suerte de Commonwealth a la danesa. Hasta 1953 fue una colonia, pero ese año Dinamarca modificó su Constitución —interesadamente, en pleno contexto internacional de descolonización— convirtiendo el vasto territorio en una provincia más del Estado. Formalmente, Groenlandia pasó a tener el mismo estatus jurídico que Copenhague o el Norte de Jutlandia.
Ese cambio, sin embargo, no borró décadas de trato desigual. La relación de Dinamarca con Groenlandia estuvo marcada por políticas claramente paternalistas y racistas, que consideraban la cultura danesa superior y relegaban a la población inuit a ser ciudadanos de segunda. El Derecho aplicado a los groenlandeses de origen inuit difería del que regía para los europeos residentes en la isla.
A partir de los años cincuenta se impulsó un proceso de «danificación» destinado a asimilar cultural y lingüísticamente a la población local. Entre los episodios más oscuros figura la abducción de menores groenlandeses, separándolos de sus familias para ser educados como «pequeños daneses», una práctica por la que Dinamarca solo ha pedido disculpas en tiempos recientes y que marcó a la sociedad groenlandesa.
En 1979 el marco jurídico comenzó a cambiar con la aprobación de la Ley de Autonomía de Groenlandia, que era casi una copia del modelo de las Islas Feroe de 1948. Esta autonomía se amplió de forma decisiva en el 2009 con la Ley de Autogobierno, actualmente en vigor, que reconoce expresamente el derecho de autodeterminación y establece el marco legal para una eventual independencia. Un dato que puede interesar en España, pues se han escuchado discursos, no bien informados, que han afirmado que no existe ninguna ley de autonomía en el mundo que prevea el derecho de autodeterminación. Es falso. La de Groenlandia lo contempla.
Groenlandia también fue protagonista del primer brexit de la historia. Entró en la entonces Comunidad Económica Europea junto con Dinamarca en 1973 y salió en 1985 tras un referendo, motivado principalmente por el rechazo a la política pesquera común. Hoy mantiene un estatus de territorio asociado a la Unión Europea.
Pues bien, Groenlandia sigue formando parte del Reino de Dinamarca, con un amplio margen de autonomía que incluye el control de sus recursos naturales. Se trata de un territorio inmenso —unas cuatro veces mayor que España— y con apenas 50.000 habitantes. En este contexto, no parece existir un interés real en una anexión a Estados Unidos. La relación con Dinamarca, un pequeño Estado miembro de la UE, resulta mucho más previsible que aventurarse en una dependencia directa de la mayor potencia mundial. De acuerdo con el dicho inglés, hacen falta dos para bailar un tango, y Groenlandia no parece dispuesta a salir a la pista a bailar con Estados Unidos. Obviamente, salvo que la música sea impuesta por la fuerza, y que Washington entre —más todavía— como un elefante en una cacharrería.
La situación no deja lugar a dudas: territorio enorme, rico en recursos naturales y escasamente poblado, bajo la amenaza explícita de Estados Unidos. Europa debe tomar esta situación muy en serio. Nos ha quedado claro que estas amenazas se materializan, no son mera retórica y responden fundamentalmente a intereses estratégicos y económicos, no a ideales como la democracia o el bienestar de los pueblos implicados. La respuesta de Europa ha de ser clara y firme.