La delegación española del Comité Europeo de las Regiones, presidida por Alfonso Rueda, se reúne en Santiago de forma extraordinaria para firmar la Declaración Galicia, que defiende un presupuesto comunitario «xusto»
21 oct 2025 . Actualizado a las 16:01 h.La delegación española del Comité Europeo de las Regiones, que preside el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, presentará ante ese organismo la bautizada como Declaración Galicia, que hoy martes será aprobada en una reunión extraordinaria de la delegación celebrada en Santiago.
Rueda, que acudió al acto acompañado de los conselleiros de Presidencia y Facenda, Diego Calvo y Miguel Corgos, explicó que su objetivo es contribuir a una Unión Europea máis «forte, cohesionada e próxima nas súas decisións á cidadanía», por lo que reivindicó el papel de las «rexións, provincias e municipios». De acuerdo con esa línea, la citada declaración reclamará un presupuesto comunitario «xusto», que tenga en cuenta el papel de las Administraciones territoriales.
Rueda consideró que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE muestra una preocupante tendencia a la «centralización», de materializarse la propuesta de la Comisión Europea de agrupar en un solo marco los 14 fondos actuales. Por ello el presidente de la Xunta reclamó que se mantenga la participación de los gobiernos regionales en las políticas europeas y las políticas de cohesión, «que tanto contruibuiron a mellorar os territorios».
También reivindicó el Camiño de Santiago como uno de los mejores representantes del espíritu europeo: una red que une desde hace siglos pueblos y culturas a través del entendimiento mutuo: «Os europeos levamos séculos comprendendo que o que nos une é moito máis que o que nos separa», aseguró.
Entre de los firmantes de la declaración, que ahora será traladada a las autoridades europeas y al Gobierno central, estuvo Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, quien consideró que el documento «avala el trabajo del Principado». Pélaez consideró «imprescindible» que las regiones participen en la gestión de los fondos de cohesión.
También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSdeG) expresó su apoyo a la declaración y destacó la necesidad de que se mantengan los fondos específicos para el desarrollo territorial y urbano: «Son fundamentais para que os concellos poidan seguir impulsando estratexias locais en materia de cohesión, sustentabilidade e competitividade».
La regidora añadió que es necesario «garantir unha partida orzamentaria específica para o desenvolvemento urbano, porque é clave para afrontar retos como a vivenda ou a adaptación ao cambio climático, e porque se ten demostrado que estas políticas teñen un impacto directo no fortalecemento do tecido empresarial e na creación de emprego».
La declaración manifiesta el «rechazo» de la delegación española ante la propuesta para el próximo marco financieron y la concentración de los fondos: «Al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, se plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y, por ende, reducir su eficacia». Y «alerta con profunda preocupación de que la puesta en marcha de estos planes llevaría a una gestión de los recursos más centralizada en el nivel nacional».
También lamenta la «falta de ambición» del presupuesto, al «presentar una propuesta por debajo del 2% de la Renta Nacional Bruta de la UE».
También critica que se esté «reduciendo la proporción de fondos gestionados de forma compartida entre la Comisión, el Estado y las regiones en favor de los gestionados directamente por la Comisión y solicita que se reequilibre el presupuesto para reforzar los primeros».
La declaración «reclama un presupuesto específico, diferenciado y suficiente para la Cohesión, así como un sistema de reparto entre los Estados miembros y las regiones que tenga por objetivo reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo».
Insta además a «garantizar la viabilidad» de la agricultura y la pesca, por lo que «manifiesta su inquietud ante la disminución, en términos reales, de la financiación destinada tanto a la política agrícola común (PAC) como a la política pesquera común (PPC)». En relación con la PAC, denuncia que «el presupuesto específico para ayudas a la renta y la regulación de los mercados se reduce». Alerta además de la «introducción de cofinanciación nacional de ciertas medidas que en la PAC actual son financiadas al 100% por los fondos comunitarios» y denuncia la «drástica reducción de los recursos en gestión compartida destinados a la pesca, acuicultura y a la política marítima».
El texto concluye con las siguientes propuestas: «El reconocimiento del papel de las comunidades autónomas como autoridades de gestión en los ámbitos de su competencia», el «mantenimiento de fondos específicos destinados al desarrollo territorial y urbano integrado» y el «impulso de estructuras de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno».