Jueces y fiscales advierten de que retomarán la huelga si no hay «cambios sustanciales» en la ley
GALICIA
Las asociaciones continúan sin recibir una respuesta del Ministerio de Justicia, que mantiene su silencio respecto a estas reivindicaciones que rebajó a un seguimiento del 30 %
04 jul 2025 . Actualizado a las 17:27 h.Finalizada la huelga de tres días que volvió a tensionar los juzgados, con miles de procedimientos suspendidos, las asociaciones de jueces y fiscales lanzan de nuevo la advertencia de que retomarán los paros en caso de que «no haya cambios sustanciales» en el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Protestan por algunas de las reformas que propone el Gobierno, y exigen que vengan acompañadas de «las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia».
En la reunión del comité de huelga de este viernes, jueces y fiscales celebraron de nuevo el éxito de una huelga «sin precedentes» en la historia democrática, secundada por una media del 70 % durante los tres días de movilizaciones, según los correos electrónicos que fueron recibiendo cada jornada de los profesionales que participaban en las protestas. Si bien reconocen que la cifra de seguimiento podría estar distorsionada por las personas que están de vacaciones en julio. Una realidad que no se ajusta para el Ministerio de Justicia, ya que rebajaron el seguimiento de los paros hasta una media del 30 %.
Siguen las asociaciones sin tener respuesta del Gobierno, que mantiene su silencio respecto a las reivindicaciones de jueces y fiscales y por el momento no ha agendado ninguna reunión con los representantes que pueda dar inicio a un diálogo entre dos partes que parecen enrocadas. Por ello, advierten en un comunicado de nuevas jornadas de huelga. Razonan incluso que un paro prolongado no tendría sentido porque carecería «de impacto institucional» y generaría «una falsa imagen de desmovilización».
Explican jueces y fiscales que quienes secundaron la huelga lo hicieron «asumiendo la correspondiente detracción de haberes, como ya se hizo en la huelga que secundamos en el año 2018». Sin embargo, el ministerio decía que no podría hacerlo porque no contaba con información de los profesionales que habían secundado los paros.
Pidió al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que le informaran de los jueces y fiscales que secundaron las movilizaciones para detraerles el salario correspondiente a los días que no acudieron a trabajar. Pero el Consejo contestó que carece de competencia para recabar imperativamente la identidad de quienes participaron en las protestas.
«Desde el inicio del conflicto, el ministerio, lejos de mostrar una actitud abierta al diálogo, se ha enrocado en su posición inmovilista. Y el PSOE ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley, de las que cabe destacar las relativas al proceso de estabilización, que agravan, aún más, la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, afectando gravemente a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía», razonan en un comunicado.
Ataque a la independencia judicial
Los convocantes denuncian una reforma «lesiva e impuesta» que «compromete gravemente los principios de independencia judicial, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal». Hay siete puntos en los que justifican ese ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho.
El primero es la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, «que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, y supone un agravio comparativo con el acceso por turno libre y perjudica a más de 4.000 opositores».
Protestan por la reducción de la excelencia en todos los sistemas de accesos a las carreras judicial y fiscal, «incrementando la subjetividad en la evaluación y premiando a los que acceden por concurso oposición con cinco años de antigüedad ficticia para anticipar su acceso a cargos de designación discrecional».
Otros puntos que generan controversia son la atribución al Centro de Estudios jurídicos, dependiente del Gobierno, competencias para preparar opositores,«evidenciando riesgo de selección ideológica», y que se limite la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, «para reducir su capacidad operativa y función».
La norma prevé la designación de 4 de los 9 miembros de la Comisión de Ética Judicial por las Cortes Generales, «con riesgo de designación partidista como ocurre con el CGPJ, posibilitando su politización y deslegitimando su función», advierten. También «limita la representatividad de la carrera en la elección de miembros de Salas de Gobierno», y se refuerza el poder del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, «limitando aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, como paso previo a atribuirles la instrucción».
El ministro del ramo, Félix Bolaños, defiende que «ni una sola línea» de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de «infundadas» las críticas de las asociaciones contra estas leyes.
Representantes de las asociaciones de jueces y fiscales viajarán a Estrasburgo del 7 al 9 de julio, donde mantendrán encuentros con eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo para exponer su preocupación por la «regresión de la independencia judicial en España», apelando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.