El ente fiscalizador vuelve a censurar la opacidad de los números del Sergas y le reclama un plan integral de contabilidad
01 abr 2025 . Actualizado a las 13:35 h.El Consello de Contas, el ente de rango estatutario encargado de fiscalizar al sector público autonómico, ha vuelto a afear a la Xunta que compute como inversión lo que es gasto corriente. Esta es una de las principales conclusiones del informe general de las cuentas de la comunidad autónoma del 2023, hecho público este mediodía. Una práctica que afecta, según sus cálculos, a uno de cada tres euros. Es decir, el 33 % de lo que se supone que es gasto inversor no lo es. En su crítica, la institución entiende que esto contribuye a maquillar y a sobredimensionar el esfuerzo real que ha hace la Administración gallega en este apartado. «Determinadas operacións rexistradas no artigo 64 non corresponden a activos inmateriais, nin tampouco se poden considerar investimentos. Como nos exercicios anteriores, entre estes gastos destacan os asociados á prevención e defensa contra os incendios e os gastos de publicidade realizada a través dos medios de comunicación. Tamén, os gastos, por importe de 1,31 millóns de euros, correspondentes ao contrato de seguimento e xestión do Plan de Transporte Público de Galicia, e o contrato de xestión telefónica do sistema de transporte público baixo demanda», dice literalmente el informe.
Esta crítica, que ya aparece en el informe del pasado año, no es la única efectuada por la institución y que le impide emitir una opinión totalmente favorable. Contas vuelve a poner el foco en el llamado gasto desplazado de un ejercicio a otro y que en el 2023 asciende a 79,21 millones. Se trata de recursos que deben computar en un ejercicio y se trasladan a otro, una práctica contable bastante extendida y cuyo objetivo principal es hacer una operación en aras de cumplir mejor los objetivos de déficit. Según Contas, tampoco existe información sobre la antigüedad de los deudores pendientes de cobra y vuelve a poner en tela de juicio aspectos relacionados con contratos y ayudas: uno de cada cinco euros de contratación pública de la Xunta se efectúa sin concurrencia y competencia entre licitadores, y uno de cada dos euros de subvenciones de la Xunta se otorgan de manera directa, sin concurrencia pública.
Un año más, Contas vuelve a criticar la transparencia contable en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que mueve el 40 % del presupuesto autonómico y le reclama al organismo un sistema integral de contabilidad. Esto supone incumplir, un año más, el plan general que hay sobre la materia a nivel autonómico. Según el ente fiscalizador, esta falta de información económico-financiera impide el conocimiento de la situación patrimonial de la entidad, de los pasivos más relevantes y de los riesgos de carácter financiero por litigios pendientes u otras contingencias futuras, así como del registro en el balance del gasto no reconocido en cada ejercicio. Contas asegura que la memoria enviada carece de información relevante que complete la información presupuestaria.
La institución apunta también al déficit de datos en materia de control interno. Sobre destaca que una buena planificación de los controles queda condicionada por la baja ejecución de los mismos y la ausencia de análisis de riesgos en el área financiera. En el Sergas no existe un control previo; es decir, se tramita un determinado gasto y se hace una inspección con posterioridad sobre una muestra de los desembolsos ya efectuados. Por ejemplo, hay un cierto grado de descontrol en los precios de las derivaciones externas a medios privados. Esto significa que, en líneas generales, existe una gran zona de oscuridad en lo que supone la fiscalización de casi el 40 % del presupuesto público autonómico, tal y como critica en su último informe sobre el Sergas.
Contas pone también el foco en otras dos cuestiones. Primero, la actividad concertada, que crece un 7% respecto al año anterior —242,4 millones de euros en el ejercicio—, y con la que el Sergas sigue gestionando determinados servicios en los que no se emplea ninguna fórmula contractual, sino que se recurre de forma reiterada a las autorizaciones de uso. Esta figura, que tiene su origen en la legislación sanitaria, carece de sustento para ser utilizada con esta finalidad y vulnera los principios esenciales de la contratación pública (publicidad, concurrencia, transparencia, etcétera.). En segundo lugar, advierte de que, como novedad, las fundaciones sanitarias sí rinden cuentas, si bien lo hacen fuera de plazo. El presupuesto sanitario consolidado de Galicia fue de 5.244 millones de euros en el 2023, un 8.6% más que en el año anterior, y que equivale al 39 % del total, según los datos aportados por Contas.