905 millones de euros: el coste de rescatar la AP-9 según un estudio de la UDC encargado por el BNG
GALICIA
El informe considera que Audasa no tendría derecho a indemnización porque entiende que la prórroga de la concesión fue ilegal
27 sep 2024 . Actualizado a las 13:41 h.Un estudio de la Universidade da Coruña (UDC) sobre los costes de la transferencia y rescate de la AP-9, encargado por el BNG, cifra en 904,7 millones de euros el importe a pagar por el rescate de la principal autopista de Galicia.
El informe sostiene que la prórroga de la concesión autorizada por el Gobierno de José María Aznar fue «ilegal», por lo que entiende que la empresa concesionaria, Audasa, no tendría derecho a recibir una indemnización por lucro cesante. Además, el estudio considera que el Gobierno podría rescindir de forma inmediata la concesión, aunque para eso debería actuar «de boa fe para Galicia».
Las cifras del estudio solicitado por el Bloque y presentado este viernes difieren mucho de las aportadas por el informe que la Xunta encargó a una consultora privada e hizo público a principios de septiembre, que elevaban el coste hasta una horquilla de entre 1.612 y 2.355 millones de euros. El coste estimado por la UDC también es muy inferior a las cifras orientativas que suele manejar el Gobierno central, que habla de un coste de entre 4.000 y 6.000 millones de euros, pero sin ningún estudio publicado que lo respalde.
«A mellor decisión á que podemos ir agora mesmo é ir ao rescate da AP-9», consideró la líder del BNG, Ana Pontón, que defendió que esos casi 905 millones en los que se valora el rescate son «o valor do mercado» frente a las cifras «absolutamente infladas» de la Xunta y de Moncloa.
El estudio, elaborado por los profesores Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, también considera que rescatar la Autopista del Atlántico resultaría la opción más barata para las arcas públicas, dado que el Estado tendría que pagar unos 2.844 millones de euros de peajes en sombra durante los años que quedan hasta que termine la concesión. Por ello, Pontón defendió que el rescate inmediato es la opción «máis viable e máis económica».
Prórrogas ilegales
En la presentación del estudio los autores, Aymerich y Blanco, defendieron que las prórrogas de concesión que afectaron a la AP-9 y que la ampliaron hasta 2048 —75 años después de la licencia inicial— son «ilegais e van en contra do dereito comunitario». Dicha prórroga, defendió Aymerich, profesor de Derecho Administrativo y ex alto cargo del BNG, supuso un «cambio sustancial» en el contrato inicial. Por ello, tendría que haberse realizado una nueva licitación, dando la posibilidad de que concurriesen otras empresas, en lugar de realizar una prórroga que, en su opinión, equivalió a «unha adxudicación directa a Audasa». Esto supondría que el contrato debería entrar en fase de liquidación.
Así las cosas, Aymerich remarcó que el Gobierno tendría dos vías para rescatar la autopista gallega. Una sería esperar a que la Comisión Europea resuelva el expediente de infracción abierto contra España al entender que vulneró la normativa europea al prorrogar directamente la concesión y no convocar un concurso público para hacerlo. La segunda, estimó, sería que el Gobierno central «actúe de boa fe para Galicia» y haga una «revisión de oficio», toda vez que ya sabe que la concesión es «ilegal».