Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»
ESPAÑA
La presidenta de Madrid recuerda que las acusaciones contra su pareja son de «una época en la que no nos conocíamos»
23 sep 2025 . Actualizado a las 13:55 h.Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.
La jueza acordó sentar en el banquillo al empresario sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera el recurso del imputado y sin aguardar a que el magistrado Antonio Viejo tomara posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en sustitución de la jubilada Inmaculada Iglesias, que ha sido la que ha instruido la causa. Estas dos circunstancias han sido las que han levantado las suspicacias en la sede de la Puerta del Sol.
Así las cosas, la jefa del Ejecutivo autonómico, durante una visita al hospital infantil Niño Jesús de Madrid, no hizo por disimular su malestar con la magistrada, a la que tildó de «jueza transitoria», al tiempo que deslizó que su decisión este lunes de sentar en el banquillo a su pareja tiene mucho que ver con la «agenda mediática» del líder del PSOE, como demuestra el hecho de que las noticias sobre González Amador le ha «venido bien al entorno de Sánchez» para tapar sus casos, ya que este martes la Audiencia Provincial daba luz verde al enjuiciamiento del hermano del presidente cuando todavía coleaban los ecos sobre el novio de la líder del PP madrileño.
Ayuso tiró de la «historia cronológica» de la investigación por el supuesto doble fraude fiscal de su novio para insistir en que todos los hitos de este proceso, como si se tratar de un «espejo», han llevado siempre «parejo» un escándalo del Gobierno, ya sea el caso Koldo o, ahora, las pulseras contra los maltratadores o el enjuiciamiento de David Sánchez.
La mandataria madrileña, que dijo no querer valorar la «trayectoria» de Rodríguez-Medel, insistió no obstante en que su decisión ha dado alas al revuelo «mediático» por el caso de un «señor» acusado de un delito cometido supuestamente cuando «no era mi pareja» y por unas acusaciones que «nada tienen que ver con la gestión en la Comunidad de Madrid».
En esa línea, insistió en vincular el enjuiciamiento de su pareja con lo que «pasa en Moncloa» y esa «agenda mediática» de Sánchez, que marca el «argumentario en las tertulias de la mañana» en todo el país, a pesar de que «todo esto tiene que ver con una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que no nos conocíamos». «No tengo nada que ver», reiteró la presidenta, quien se quejó de que solo le quedaba «aguantar» e intentar no participar en que se siga «enredando» con el caso de su novio.
Y contrapuso la investigación a su pareja a la del hermano de Sánchez, que ha acabado también en el banquillo a pesar de contar con «todo el apoyo de Hacienda, la Abogacía del Estado y la Fiscalía», amén del «apoyo mediático de 22 ministros».
El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al «lawfare» y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez
El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se apunta al lawfare y acusa de 'guerra sucia' judicial a a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel por abrir juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.
«Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto», ha escrito Miguel Ángel Rodríguez en sus redes, acusando veladamente a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid de prevaricar por sentar en el banquillo al empresario.
El controvertido exministro de José María Aznar (acusado de estar detrás de la difusión del bulo de que la Fiscalía había vetado un acuerdo con González Amador que ha acabado con el fiscal general del Estado también en el banquillo) se refería en su mensaje en X al hecho de que la jueza Rodríguez-Medel haya decidido abrir el juicio contra el empresario sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que el 1 de septiembre la defensa del novio de Ayuso presentó contra su procesamiento. En ese alegato, su defensa denunciaba que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente al habérsele negado varias diligencias durante la instrucción.
También se refería Miguel Ángel Rodríguez a la circunstancia de que la instructora 'sustituta' haya tomado la determinación de rechazar paralizar la causa y decretar la apertura de juicio sin esperar a que en los próximo días Antonio Viejo tome posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en sustitución de la jubilada Inmaculada Iglesias, que ha sido la que ha instruido la causa.
Por último, Rodríguez también afeaba a la instructora su parentesco. La jueza es hermana de Antonio Rodríguez-Medel, ascendido a general de división de la Guardia Civil (máximo escalafón de la Benemérita, solo por debajo del teniente general) en febrero de 2024 con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior.
La trayectoria de la jueza, de 53 años, sin embargo, no parece confirmar las sospechas de 'lawfare'. Rodríguez-Medel fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la época de Rafael Catalá (PP) al frente del Ministerio de Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha llevado dos grandes investigaciones mediáticas en los últimos años y de muy diverso signo. Fue la instructora del 'caso Máster' contra Cristina Cifuentes del PP, pero también fue la juez del 'caso 8-M', la causa en la que se investigó la supuesta negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez por permitir la manifestación feminista de marzo de 2020 cuando ya había estallado la epidemia de covid.