
Junts exige al PSOE implicación para el traspaso de inmigración a Cataluña y cambia el lugar de la reunión, inicialmente prevista en Suiza «para evitar intromisiones»
19 sep 2025 . Actualizado a las 16:04 h.No ha pasado ni un mes y José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a cortejar a Carles Puigdemont en la «mesa de diálogo». La cita, inicialmente prevista para realizarse en Suiza, se trasladó a la capital de Bélgica para evitar intromisiones. El objetivo del encuentro era tratar de dar oxígeno al Gobierno. Ambos encabezan las respectivas comitivas del PSOE y Junts en un formato que arrancó en Bruselas en el otoño del 2023 en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Los contactos se producen fuera de España por razones obvias: el expresidente de la Generalitat es un prófugo de la Justicia española que huyó a Bélgica tras proclamar la independencia de Cataluña en octubre del 2017 y tiene pendiente por ello una orden de detención del juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena. A Puigdemont lo acompañan en esta ocasión (como en las anteriores) el número dos del partido, Jordi Turull, y la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. En el bando socialista sí hay cambios. Zapatero repite al frente de una labor que hasta hace bien poco desempeñaba el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, hoy en la cárcel por presunta corrupción. Así, el expresidente del Gobierno vuelve a liderar la comitiva socialista en los peores momentos de Sánchez, asumiendo la responsabilidad de retener el apoyo de los independentistas. Junto a él viaja el diputado por Jaén y responsable de políticas municipales del partido, Juan Francisco Serrano, el que fuera mano derecha de Santos Cerdán, buen conocedor de los entresijos de la interlocución con Waterloo. Sánchez le mantiene la confianza, pese a su estrecha relación con el defenestrado exsecretario de organización.
Sobre la mesa hay dos cuestiones claves a tratar. Una es urgente, la otra importante. La primera es el debate y votación en el Congreso de la proposición de ley que delega las competencias en inmigración a Cataluña, pactada por Junts y el Gobierno a principios de año. Tendrá lugar el próximo martes y solo puede salir adelante con el voto afirmativo de todos los partidos que conforman el cada vez más agrietado bloque de investidura. Uno de sus integrantes, Podemos, anunció hace tiempo su voto en contra. Los de Ione Belarra ven en el traspaso «tintes racistas» y dudan abiertamente de la capacidad de los Mossos d'Esquadra para cumplir con el espíritu y la letra de la Ley de Extranjería, obviando que quien gobierna hoy en la comunidad es el PSC de Illa. Alegan que los posconvergentes quieren estas competencias no para mejorar el autogobierno catalán sino para restringir los derechos de las personas migrantes, en plena pugna con la pujante extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Desde Junts lo niegan y exigen a Sánchez «máxima implicación» para vencer la resistencia de la formación morada, cuyos cuatro diputados son en este caso esenciales.
La segunda cuestión a tratar, la más importante, sin duda, para Puigdemont (aunque de menor premura), es la aplicación efectiva de la ley de amnistía. Esta es la condición sine qua non que ponen en Junts para dar barra libre a Sánchez y allanar la legislatura, con posible primera parada en los Presupuestos del 2026. Aunque su retorno a España está empantanado en los tribunales, el prófugo expresidente jugará a fondo la baza del Tribunal Constitucional. La corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, con mayoría progresista, debe resolver su recurso contra la decisión del Supremo de denegarle la amnistía y revisar (quizás suspender) la orden de detención que le impide volver.
Cita hermética
Ante el hermetismo que rodea a estos contactos, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pidió «discreción» a ambas partes para que las conversaciones se desarrollen «en buenos términos». Para la portavoz popular en el Senado, Alicia García, la reunión en Suiza demuestra que «Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno game over».