Ver a Álvaro García Ortiz camino del banquillo de los acusados no sorprende a nadie. Es el final anunciado de un caso que daña la credibilidad del sistema muy por encima de lo recomendable, que pone en la picota al que debiera ser el gran ejemplo de la defensa de la Justicia en España —junto con el ministro Bolaños, lo cual explica muchas cosas— y que nos ha permitido comprobar que las policías patrióticas de antaño han sido sustituidas por eficaces brigadas judiciales para tapar los escándalos propios y agitar los del adversario político.
García Ortiz dejó en Galicia rastro de profesional solvente. Su elección como número 2 de Dolores Delgado, otra cuestionada fiscala general, fue recibida con un halo de esperanza. Había sido pocos años el fiscal más votado de España entre todos sus compañeros y, más allá de una controvertida foto en un acto sectorial de los socialistas gallegos, contó con un recibimiento tranquilo incluso en las filas del PP, que aparcó la beligerancia contra su mentora Delgado por unos meses.
Pero su lealtad al sanchismo se impuso al carácter dialogante que se le presuponía. No tardó más que unas pocas semanas en premiar a su antecesora con el ascenso a la máxima categoría de la carrera, anulado por el mismo Tribunal Supremo que ahora le juzgará a él. Ignoró los informes y quejas del Consejo Fiscal para imponer su criterio en todas las decisiones comprometidas. E incluso aparcó su antes habitual cautela para amenazar a los discrepantes en una entrevista con Xabier Fortes en TVE con un «tengo mucha información de todos los partidos» que tuvo que matizar al día siguiente.
García Ortiz se convirtió en un rehén de la estrategia de la Moncloa. Prietas las filas de los incondicionales, fue la orden cuando recibió la imputación. Ninguno de sus antecesores se vio en un proceso similar. Alguno, como Eduardo Torres Dulce, dimitió por dignidad. Otros, como Mariano Bermejo, en medio de escándalos de menor enjundia que el del actual titular.
El final de la escapada estaba cantado. Por el camino, ha dejado un reguero de estrategias lamentables, impropias de quien debería ser el primer defensor de la Justicia en España. El borrado de su móvil —dos veces— le equipara con Bárcenas. La recusación de los miembros del Tribunal Supremo que lo investigaban, con los independentistas catalanes. Ni siquiera los abrazos y sonrisas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez aliviarán su situación. El daño reputacional es irreversible para él y para la institución que le ha tocado dirigir. Alargará la agonía lo que quiera, pero solo se hará más daño. Qué buen vasallo si...