Cientos de jueces y fiscales protestan ante el Supremo contra las reformas del Gobierno

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

Varios manifestantes, este sábado durante la protesta de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo, en Madrid.
Varios manifestantes, este sábado durante la protesta de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo, en Madrid. Juan Barbosa | EUROPAPRESS

La manifestación es una antesala de la huelga convocada para el 1, 2 y 3 de julio

28 jun 2025 . Actualizado a las 15:54 h.

Alrededor de 3.000 personas, entre ellos cientos de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas entidades.

En la manifestación, los portavoces de las asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, al grito de proclamas como «Sin Estado de derecho no hay democracia», «Jueces colocados, procesos trucados» y «Bolaños, tramposo, tu ley es un destrozo».

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha dicho, en declaraciones a los medios, sentirse emocionado «por el respaldo tan increíble» de la ciudadanía y ha recalcado que las reformas del Ejecutivo van en perjuicio del derecho de todos a tener una justicia profesional, independiente e imparcial. «Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que se apruebe esta ley», ha asegurado. Durante la lectura del manifiesto, Oliva se ha visto interrumpido por un grito de «Pedro Sánchez, hijo de puta». El vocal inmediatamente ha advertido: «Quien insulta, se define a sí mismo, caballero». Y rápidamente se ha desmarcado de los insultos, que se han escuchado en más ocasiones, aseverando que «no son de jueces y fiscales».

Sobre el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, los portavoces han asegurado que «no responde a demanda social alguna» y está siendo tramitado por vía de urgencia «sin ninguna razón para ello». Recalcaron que dicho proyecto ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pretende rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras, con pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.

En cuanto al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, han censurado que este busque aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien seguirá nombrándose por el Gobierno «sin ningún tipo de filtro previo», a la vez que elimina las garantías de autonomía de los fiscales, «reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes». Han enmarcado estas reformas en «un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía», con declaraciones políticas que «deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan» y tratan al Ministerio Fiscal como «un apéndice del Gobierno», lo que mina la confianza de los ciudadanos en su Justicia.

Reivindican su derecho a huelga

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha confirmado ante los medios que los jueces y fiscales ejercerán su derecho a huelga «por más que algunos hayan querido ahora, 15 años después», cuestionar este derecho. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que esta huelga carece de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

«Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con responsabilidad y con respeto a los ciudadanos. Pero tenemos que hacer huelga por ellos, no solo por nosotros, por ellos también», ha expresado Del Barco, quien ha precisado que sí habrá servicios mínimos a preguntas de los periodistas.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha subrayado que en la protesta de este sábado no se reclaman mejoras salariales ni mejores condiciones de trabajo sino la protección del Estado de derecho, que se verá «socavado» si estos proyectos salen adelante.

Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).