Ángel Víctor Torres achaca a la sanidad canaria la compra de mascarillas y niega que exista «ningún audio» suyo

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha responsabilizado este lunes al Servicio Canario de Salud de la compra del material sanitario durante la pandemia y ha negado que haya dado orden de contratar a una empresa determinada.

En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha augurado que no va a salir «ningún audio» suyo que contenga ilegalidades por más que muchos estén «salivando» con un posible informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Ha indicado que en su vida política «jamás ha pedido un duro» a nadie, que no participa en «ninguna trama», y que tampoco ha tenido ningún contacto con el presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.

«No van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo, la perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro», ha agregado.

En ese sentido, ha valorado que pudiera demostrar cotejando fechas que no había estado en pisos con mujeres prostituidas, como le acusó Aldama, al tiempo que ha incidido en el «daño» que se hace cuando se «señala a alguien con el dedo» y debe «demostrar su inocencia», cuando debería ser al contrario.

«No tengo relación con Aldama, no hay nada», ha indicado, ironizando con que pueda salir algún mensaje o una fotografía con «el hombre invisible», en relación a personas de las que no sabría reconocer su cara.

Incluso ha señalado que la única relación que tiene con refinerías es por la firma de un convenio entre administraciones para desmantelar la de Santa Cruz de Tenerife, con lo que se desmarca de cualquier implicación con la trama de hidrocarburos.

La contratación por emergencia, legítima

Ha reconocido que en la pandemia hubo «serias dificultades» para conseguir material, y esa era la prioridad de su Gobierno, que se amparó en la contratación de emergencia, un mecanismo que «no era normal» pero «era legítimo», y que en el caso de Canarias, solo un expediente, el de RR7, salió mal, de un total de casi 1.400 —se abonaron cuatro millones de euros en dos pagos por un millón de mascarillas que no llegaron—.

Ha dicho que se enteró de ese contrato cuando se publicó la noticia en un periódico —Canarias7— y ha admitido la autocrítica de que debían haber «sabido», pero lo achacó a que se ya había iniciado el expediente de embargo.

En ese sentido, ha negado que hubiera alguna gestión para favorecer a la empresa dado que es amigo personal del cuñado del administrador de RR7, Rayco González.

Torres no ha querido cargar «toda la responsabilidad» de los contratos en la exdirectora de Recursos Financieros del SCS, Ana María Pérez, que lo hizo «lo mejor posible», pero ha dejado claro que la competencia en los contratos quedaba en manos de los servicios técnico y jurídico del SCS.

Menos aún, ha comentado, en el comité de gestión sanitaria, conformado por algunos científicos y donde se evaluaban las necesidades que presentaba la pandemia y se daban consejos para la toma decisiones, por ejemplo con la reapertura del curso.

Asimismo, ha remarcado que «en ningún caso» se decía a qué empresa había que contratar dado que cualquier ofrecimiento que llegaba al seno del Gobierno se «vehiculizaba» a través del SCS.

Torres ha indicado que ya se han tomado responsabilidades políticas por la gestión en la pandemia como el cese del director del SCS, Conrado Domínguez —investigado por el caso mascarillas—, aparte de que él mismo se presentó a las elecciones autonómicas del 2023 y las ganó y con más votos al frente de la circunscripción insular —no pudo gobernar en virtud del pacto CC-PP—.

«Dejemos que la justicia avance»

No obstante, ha reclamado presunción de inocencia para Domínguez. «Dejemos que la justicia avance y se culmine», ha indicado.

Sobre el cese de Teresa Cruz, la consejera de Sanidad al inicio de la pandemia, ha comentado que se vivía «un momento muy complejo y había que hacer un trabajo conjunto de equipo» por lo que optó por otra fórmula que tuvo «éxito».

Ha dicho que es una política de «tremenda validez» y no ha ocultado que tendrá «responsabilidades altísimas», al tiempo que no quiso enjuiciar sus acusaciones de machismo en el seno de su Ejecutivo.

Cuestionado por Soluciones de Gestión, empresa implicada en el caso Koldo con contratos adjudicados en Canarias por 12,4 millones, ha dicho que la propuesta llegó a través de Antonio Olivera, exsecretario de Estado y exdirector del SCS, y que era una empresa que había trabajado con el Ministerio de Transportes.

Torres no ha podido certificar quién recomendó la empresa a Olivera y ha precisado que si hubiera habido «compincheo», no se hubiera bloqueado el primer contrato, que «tuvo dificultades», al tiempo que ha negado hacer gestiones para adelantar pagos —en relación a un audio de una conversación con el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García—.

De Olivera ha comentado que «hizo una labor magnífica» en su Gobierno y «podrá salir lo que quiera, es una persona honesta y honrada» —si bien no ha querido decir explícitamente que ponía la mano en el fuego por él—.

Sobre Megalab, empresa que captó casi 5,4 millones en contratos en Canarias, ha vuelto a decir que no recordaba que se había reunido con el empresario Ignacio Díaz Tapia —no sabría quien es aunque sí hubo un encuentro en el Parlamento en verano— y ha enmarcado la reunión en los intentos de Canarias para organizar «viajes seguros» y el decreto turístico de antígenos, pero no salieron ninguna de las iniciativas y de hecho en su Gobierno acabaron «muy enfadados» con el Gobierno central por su negativa.

---

---

---