Los agentes de la Guardia Civil quieren clonar el correo corporativo del ex secretario de organización, Santos Cerdán
20 jun 2025 . Actualizado a las 22:09 h.La sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha vivido dos días especialmente negros en sus 147 años de historia. En ambas jornadas, cuerpos policiales accedieron a la zona noble por mandato judicial. La primera, en noviembre de 1992, por el llamado caso Filesa; que demostró financiación ilegal del partido coincidiendo con el Gobierno de Felipe González. La segunda, ayer, por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública desde la secretaria de organización del partido en sintonía con el Ministerio de Transportes (entre 2018 y 2024) y el Gobierno de Navarra (desde 2013 hasta 2024). En esta investigación, al igual que al iniciarse el caso Filesa, existen indicios sobre financiación ilegal del partido desde que Pedro Sánchez fue nombrado por segunda vez secretario general del PSOE, en 2017.
El registro de ayer en el número 70 de la calle Ferraz fue autorizado por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El informe entregado este mes por la UCO de la Guardia Civil, que motivó el pasado 12 de junio la dimisión del último secretario de organización socialista, Santos Cerdán, sirvió de base para el auto de entrada y registro en la sede del PSOE, el ministerio de Transportes y dos de sus departamentos con mayor gasto de inversión: la Secretaria General de Carreteras y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Las 43 páginas del auto del magistrado Puente retratan una presunta estructura criminal que, partiendo de la secretaria de organización del PSOE, siempre con José Luis Ábalos primero, y Cerdán, después, se valió presuntamente del Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente y tras su cese, para adjudicar millonarios contratos de obra pública a empresas que compensaban con mordidas al propio Cerdán, Ábalos y su exasesor Koldo García.
Instrucciones concretas
La UCO abandonó la sede del PSOE a las 14.30 horas tras tres horas en el edificio para cumplir el mandato del Tribunal Supremo: «Proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa» de Cerdán. Asimismo, reclamaba al PSOE que entregase a la UCO «cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse» y que haya sido «empleada exclusivamente» por el exdirigente socialista. Al mismo tiempo que la UCO accedía a la sede del PSOE, otro grupo de agentes de la misma unidad se personó en el Ministerio de Transportes y en las sedes de la ADIF y de la Dirección General de Carreteras para cumplir el mandato del Alto Tribunal. A las 15.30 horas concluyeron las inspecciones, tras clonar el correo corporativo de Ábalos durante los tres años que estuvo al frente de Transportes y recamar a ADIF y a la Dirección General de Carreteras los expedientes de once obras bajo sospecha: seis adjudicaciones, tasadas en 280 millones de euros, pertenecen a Carreteras; y las cinco restantes, a ADIF.
Los agentes abandonaron estas dependencias oficiales con mochilas, cajas y maletines repletos de documentación física y digitalizada que suma a la que ya está en fase de análisis.
El Supremo imputa formalmente a Cerdán y eleva a cinco los empresarios beneficiados por la trama
Santos Cerdán se dejó ver ayer en el que fue su segundo centro de trabajo hasta el 12 de junio, el Congreso de los Diputados, tras renunciar a su acta de diputado por Navarra el mismo día que dimitió como secretario de organización del PSOE. La última mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz pretendía, aprovechando la nula actividad de los viernes en la Cámara Baja, reclamar la indemnización que le corresponde por los más de seis años en los que ejerció de diputado: 19.400 euros. Unas horas después, Cerdán conoció que el Tribunal Supremo le imputa oficialmente en la causa que lo sitúa liderando la trama de adjudicaciones fraudulentas. El magistrado Leopoldo Puente es claro en su conclusión incriminatoria; le atribuye la distribución de los «premios económicos» recibidos por la trama. La UCO tiene por delante el análisis de 500 cuentas bancarias presuntamente vinculadas a Cerdán y a diferentes empresas.
Existía la duda de si Cerdán, ahora que no es diputado y no disfruta el privilegio del aforamiento, sería investigado por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Finalmente, será el segundo Alto Tribunal el que concentre una instrucción que ya aporta un organigrama inicial de la trama, a falta de que pueda ampliarse a medida que se analice la gran cantidad de documentación requisada. Cerdán estaría en lo más alto, primero como diputado del PSOE en Navarra y hombre fuerte del partido en la comunidad. Luego, ya en Madrid, valiéndose de Ábalos mientras fue ministro de Transportes y su predecesor en la secretaria de organización del PSOE; y siempre con la complicidad de Koldo García para hacer de intermediario y hombre para todo. A mayores, en presunta connivencia, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. De ambos existen «indicios consistentes» de su participación como brazos ejecutores de la trama en la adjudicaciones fraudulentas. El círculo de la investigación se cierra en el sector privado, con cinco empresarios citados para declarar y las empresas sospechosas de ganar concursos de obra pública amañados: Acciona, Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción, Servinabar y la Fundación Fiadelso, «estrechamente vinculada» a Ábalos.