Trataban de desprestigiar al teniente coronel que investiga al entorno de Sánchez
27 may 2025 . Actualizado a las 09:15 h.Leire Díez Castro, una militante del PSOE que ha ocupado diversos cargos en empresas públicas bajo el Gobierno socialista, se reunió el pasado mes de febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y del caso Koldo, entre otros.
Díez, una antigua teniente de alcalde del PSOE que fue colocada por el Gobierno en la empresa pública Enusa como jefa de Comunicación (2018-2021) y luego en Correos con el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales (2022-2024), estuvo acompañada en la reunión, según los audios que este lunes desveló El Confidencial, por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz, y por el abogado Jacobo Teijelo.
Un empresario detenido
Los tres se entrevistaron por videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn, detenido por la UCO en abril de 2019 en una operación por fraude en la venta de combustible. El interés de Díez, a la que el diario sitúa en la órbita del secretario de organización socialista Santos Cerdán, era obtener material para desprestigiar a Antonio Balas.
En un momento de la conversación, Díez le dice a Hamlyn que él ha sido víctima «de la Camorra de la Guardia Civil» y el abogado Teijelo le pide información comprometedora sobre el mando de la Guardia Civil. «Cuéntanos algo de Balas», le dice.
El empresario se muestra dispuesto a ofrecer información, pero pide prebendas a cambio de su intervención. «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país», dice Díez, que añade que lo que no quiere «es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él».
La fontanera del PSOE le dice al procesado que «si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado». «Quiero un papelito», responde Hamlyn, ante lo que Díez le asegura que, si le proporciona la información sobre el jefe de la UCO, intercedería ante las partes implicadas en su procedimiento para que pudiera eludir una posible condena.
«Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto», interviene Hamlyn, que acaba diciendo que tiene pruebas, sin aportarlas, de que los mandos de la UCO «traían contenedores de coca». La realidad es que el propietario del grupo Hafesa no tenía ningún dato que permitiera poner en cuestión la ética o la profesionalidad de Antonio Balas ni del resto de agentes del departamento de Investigaciones Económicas de la UCO.
El juicio de Hafesa, la empresa acusada de un supuesto fraude de más de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos, se suspendió este lunes hasta el 30 de junio al no haberse presentado el presidente de la empresa, Alejandro Hamlyn, que se encuentra en Dubái.
El PSOE se desmarca
El PSOE aseguró este lunes que no está implicado en una presunta operación para desacreditar a la UCO. Consideró que se trata de acusaciones «muy graves» e indicó que se reserva el derecho a emprender acciones legales. «Ninguna de las personas que aparecen en la grabación está en nómina del PSOE ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas», indicó la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña. Afirmó además que el partido tiene «un total respeto» por el trabajo de la UCO.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, señaló en defensa de la UCO. «Yo creo a la Guardia Civil, y a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama». «Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico», afirmó el líder de la oposición.
Asociaciones de Guardias Civiles, preocupadas por los audios
Varias asociaciones de la Guardia Civil han trasladado su preocupación tras la publicación de los audios. Jucil ha denunciado en un comunicado la «purga sistemática» que, a su juicio, viene realizando el Gobierno durante los últimos años en la Guardia Civil, «en especial contra la UCO», la unidad que ha demostrado «mayor independencia y valentía» a lo largo de su historia.
En ese sentido, indican que ahora se pretende apartar al actual teniente coronel de la UCO, responsable de investigaciones clave que afectan al entorno del presidente del Gobierno, después de la destitución en el 2018 de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO, y de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, en ambos casos cesados por el Ministerio del Interior por «pérdida de la confianza».
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) aseguran que «todo es muy preocupante» y defienden la profesionalidad de los agentes de la UCO, a quienes «hay que dejar trabajar con independencia y pleno sometimiento al estado de derecho y a los dictados de las autoridades judiciales».
«En un estado de derecho no pueden admitirse presuntas intromisiones o acciones que, directa o indirectamente, puedan pretender condicionar la actuación de las unidades de investigación», señalan en un comunicado en el que critican que la Dirección General de la Guardia Civil «no salga en defensa del trabajo de sus unidades», especialmente de las que investigan causas complejas.