La defensa de las nucleares une a adversarios políticos por los intereses territoriales

El cero energético que dejó a oscuras la península Ibérica hace una semana ha polarizado aún más el debate sobre alargar o no la vida útil de las centrales nucleares en España. Una pugna que no solo se libra con argumentos técnicos enfrentados -por ejemplo, si es seguro o no depender solo de renovables en el mix eléctrico para mantener la estabilidad del sistema-, sino que también tiene un fuerte componente político y, sobre todo, territorial. En algunas comunidades autónomas, la defensa de estas instalaciones une incluso a adversarios como el PP y PSOE en Extremadura.

Por ahora, el Gobierno mantiene su calendario y prevé cerrar de forma escalonada entre 2027 y 2035 las cinco plantas que siguen operando: Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (también en Tarragona). Todo ello pese a que el Congreso aprobó el pasado febrero una proposición no de ley del PP que insta al Ejecutivo a prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá de esa fecha. Salió adelante con 171 votos -los de los populares, Vox y UPN- y gracias a las abstenciones de Junts y Esquerra. Los diputados socialistas extremeños mantuvieron la disciplina de partido y votaron en contra junto al resto de la bancada del PSOE pese a sus diferencias que mantienen con la postura oficial de Ferraz.

Cataluña

Soberanismo energético. Aunque Junts y Esquerra no están en contra del cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II si recelan de la hoja de ruta del Gobierno por una suerte de soberanía energética y la incertidumbre de lo que vendrá tras el desmantelamiento de estas. Ambos reactores generan el 59 % de la energía que se consume en Cataluña y su desaparición, alega el partido que preside Carles Puigdemont, provocaría «una dependencia energética de Aragón y Francia», también critican la «falta de alternativas» en el horizonte. «No estamos aquí para decir nucleares sí o nucleares no, sino para reconocer que sin las nucleares no podemos mantener nuestro consumo energético», advirtió su diputada en la Cámara baja, Pilar Calvo, durante el debate de la PNL del PP. Los republicanos, en contra de alargar la vida de las nucleares, también se abstuvieron, sin embargo, en aquella votación porque creen «el cierre de las nuclear se debe hacer, pero se debe hacer bien». En su caso, creen que los distintos Gobiernos centrales han sido «irresponsables» con los planes de Transición Ecológica y consideran el cierre de las dos plantas catalanas «improvisado» porque «pone en peligro la vida en ambos territorios».

Emparejados con la postura de Moncloa, en el Gobierno autonómico que preside el socialista Salvador Illa, sin embargo, la cuestión provocó la primera dimisión de un alto cargo de su ejecutivo, el director de general de Energía, Josep Maria Serena, que abandonó el puesto apenas cinco meses después de aceptarlo. Expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, no se encontraba cómodo en el organigrama de la consellería de Transición Ecológica, y llegó a vaticinar que Cataluña no llegaría a tiempo a la transición energética y que esta se debería realizar «con gas» por la dependencia de las nucleares y, de nuevo, por la falta de alternativas. Algo que definió como «triste».

Extremadura

PP y PSOE, a favor de Almaraz. Está previsto que el cierre de la central nuclear de Almaraz se produzca en dos fases: el reactor I dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el II lo hará en octubre de 2028. Será la primera en desmantelarse de las cinco que operan en España y tanto el PP como el PSOE extremeños creen que su desmantelamiento «irreversible» supondrá un impacto negativo para la economía y la población local de los municipios que forman parte de la mancomunidad del Campo Arañuelo, en Cáceres, acelerando la despoblación y afectando a empresas que dependen de su actividad. La central genera aproximadamente 3.000 empleos directos y 1.200 adicionales durante cada recarga de combustible.

El pasado 18 de enero, una multitudinaria manifestación en contra del cierre de Almaraz dejaba una imagen insólita en la polarizada política actual, en la misma coincidieron la presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Diputación de Cáceres, el también socialista Miguel Ángel Morales; y el diputado de Vox en el Congreso, José María Figaredo. El grupo parlamentario socialista, evitó un mes más tarde que la sangre llegara al río en la Cámara baja al votar todos sus diputados en contra de la PNL del PP para alargar la vida de las nucleares.

Castilla-La Mancha

«Coherencia». con Europa Con la cautela con la que no se maneja en otras críticas hacia la dirección de su propio partido, pocos días antes del apagón del lunes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya pedía al Gobierno ser «coherente» con lo que plantea la Unión Europea en materia de energía nuclear, y advirtió de que ir «con el paso cambiado» sería «una desventaja competitiva en muchos aspectos». Un argumento esgrimido precisamente por el PP para defender el mantenimiento de la central de Trillo, en Guadalajara, cuyo cierre está previsto para mayo de 2035.

Comunidad Valenciana

Sin fisuras con Moncloa. Afín a Sánchez, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, está alineada con el calendario del Gobierno para desmantelar las nucleares. En el caso de su comunidad, la de Cofrentes (Valencia), que lleva operando desde 1984. Compromís, por su parte, también es partidaria de su cierre.

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