Vox recula y ya no amenaza con romper con el PP por aceptar a menores migrantes no acompañados

María Salgado
María Salgado REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Niños rescatados de una lancha en Fuerteventura, en una imagen de archivo
Niños rescatados de una lancha en Fuerteventura, en una imagen de archivo Carlos de Saá

Feijoo dice que las autonomías en las que cogobiernan serán solidarias con Canarias

29 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

«Los niños llegan a España y la solidaridad tiene que ser de todos». Canarias tutela y acoge en 80 centros desbordados a más de 6.000 menores migrantes no acompañados, y su presidente, Fernando Clavijo (CC), ya no sabe cómo pedir ayuda. Su acuerdo de investidura con el Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la Ley de Extranjería y que el resto de comunidades estén obligadas a acoger a estos niños y adolescentes cuando los recursos de una autonomía superen el 150 % de su capacidad se debatirá en la conferencia sectorial que se celebra en las islas en la primera quincena de julio. El no rotundo a esta solución ya lo dieron esta semana Vox, Junts y la Generalitat de Cataluña. El partido de ultraderecha, que este miércoles y jueves había amenazado al PP con romper sus pactos de gobierno en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura si apoyaba la reforma, reculó ayer y Santiago Abascal se limitó a asegurar que esta «iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales», pese a que ninguno de esos acuerdos hace una referencia expresa a la acogida de menores migrantes.

Le respondió Alberto Núñez Feijoo, que este viernes garantizó «la solidaridad de todas las comunidades gobernadas por el PP», aunque acusó a Sánchez de «distribuir el problema y no solucionarlo» y de improvisación permanente. «Ni hay proyecto ni hay política migratoria ni hay financiación para atenderla», lamentó el de Os Peares, que pidió al socialista liderazgo. «El problema se produce cuando todos los centros de menores en comunidades autónomas están llenos, están repletos, y hay muchas dificultades para mantener la dignidad de esos menores en esos centros», añadió.

También reaccionaron los presidentes populares que cogobiernan con Vox. El valenciano Carlos Mazón acusó al Ejecutivo central de derivar la presión asistencial migratoria «exclusivamente sobre las comunidades del PP»; y el aragonés Jorge Azcón afirmó que se regirá por el cumplimiento de la ley, la solidaridad e igualdad entre territorios; mientras la consejera castellanoleonesa de Familia, Isabel Blanco, recordó que son tierra de acogida. Más allá fue el vicepresidente canario, el popular Manuel Domínguez, que acusó a Vox de querer convertir las islas «en una cárcel» y el mar, «en un cementerio».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó a Junts por exigir la exclusión de Cataluña del reparto de menores para apoyar la reforma y recordó que esta solo precisa mayoría simple; el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tachó de vergonzoso que se use «para obtener réditos políticos a las personas más vulnerables»; y la de Igualdad, Ana Redondo, valoró que la amenaza de ruptura de Vox «es lo mejor que le puede pasar» a los populares si quieren «mantener su propio camino democrático y de respeto a los derechos humanos».