Son 86 los parques paralizados y unos 10.000 millones de euros de inversiones los que ven vía libre tras esta sentencia del TJUE, tras avalar el proceso de tramitación llevado a cabo por la Xunta
01 ago 2025 . Actualizado a las 20:07 h.El sector eólico atisba la luz al final del túnel. Tras tres años y medio de litigios y paralizaciones masivas, que afectan ya a 86 parques en Galicia, empieza a vislumbrar un final a su via crucis judicial. En ese camino cuenta ahora con un aliado poderoso: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyos magistrados avalaron este viernes el procedimiento de autorización seguido por la Xunta de Galicia estos años; el mismo que cuestionó la Sala Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —presidida por el juez Francisco Javier Cambón García y conformada por los magistrados Juan Carlos Fernández López, María Dolores López López, Luis Villares Naveira y María de los Ángeles Braña López—. Esas dudas motivaron a los jueces gallegos a elevar consultas al TJUE en marzo del 2024, una decisión que alargó todavía más la espera de los promotores.
El pistoletazo de salida a la judicialización de los proyectos comenzó en enero del 2022, con la revocación de la licencia al parque eólico de Corme. Sin embargo, fue el expediente del A Raña III el que motivó la consulta al TJUE. La asociación ecologista Petón do Lobo impugnó la licencia concedida por la Xunta en junio del 2022 a la sociedad Eurus Desarrollos Renovables para construir el parque en el municipio de Mazaricos (A Coruña). Alegaban que la Administración gallega solo les había permitido presentar alegaciones durante la fase de información pública, de 30 días, pero les había negado este derecho recogido en la legislación europea en una segunda fase del procedimiento, tras la publicación en paralelo de los informes sectoriales —clave para evaluar el impacto de un parque en los bosques, el agua, el patrimonio natural y cultural, el turismo, la salud, la energía eléctrica y la seguridad aérea—.
Ese fue, de hecho, el mismo argumento que asió el TSXG para anular la licencia al parque de Corme, una decisión que revocó el Tribunal Supremo en diciembre del 2023 —resolvió de igual manera en otros tres casos similares—. En todos ellos, los jueces del Alto Tribunal rechazaron la interpretación del TSXG alegando que los Estados tienen cierta flexibilidad respecto al momento en que deben garantizar la participación y consulta del público.
No lo veían así los magistrados de la Sala Tercera, quienes acudieron al TJUE al considerar que la Xunta debió de poner a disposición del público esos informes antes de la adopción de la decisión final y con un plazo mínimo de 30 días para formular observaciones. Además, sugirieron que tanto España como Galicia habían cometido errores al adaptar sus regulaciones a la normativa europea en esta materia.
Claves de la sentencia
¿Qué es lo que dice el TJUE? Los jueces europeos echaron este viernes por tierra ambos argumentos, avalando la tramitación de la Xunta. Según consta en la sentencia, la legislación de la UE permite durante el proceso de evaluación ambiental recabar informes sectoriales al tiempo que se consulta al público interesado. Ambos trámites pueden hacerse de forma simultánea y «sin que este último tenga derecho a formular posteriormente, ante la autoridad o las autoridades competentes para autorizar el referido proyecto, sus observaciones y opiniones sobre los dictámenes emitidos». Siempre, eso sí, que se garantice el acceso a la información esencial del proyecto y se mantenga abierto por un período mínimo de 30 días para que los interesados presenten alegaciones.
¿Cuál es esa información que se debe poner a disposición de los interesados? La que concierne a la descripción del proyecto (ubicación, diseño, dimensiones y otras características pertinentes), la de los posibles efectos significativos en el medio ambiente, las medidas previstas para evitar, prevenir o reducir y, en ese caso, contrarrestar los posibles efectos adversos significativos en el medio ambiente, la descripción de las alternativas razonables estudiadas por el promotor y un resumen no técnico de la información sobre el proyecto y su plan B.
Por último, el fallo concluye que someter cada informe sectorial de un proyecto eólico a observaciones públicas posteriores, como sugiere el TSXG, «podría resultar excesivamente gravosa para las administraciones nacionales afectadas y prolongar el procedimiento, lo que no sería compatible con el objeto de una toma de decisiones eficiente».
Consecuencias
Con este pronunciamiento, el TJUE también da vía libre al desbloqueo de más de 10.000 millones de euros en inversiones, tanto en parques como en proyectos industriales asociados a ellos —necesitan grandes cantidades de energía verde, seguridad de suministro y precios competitivos a largo plazo— que estaban pendientes de esta sentencia.
«Esto es histórico», celebraban este viernes en la Consellería de Medio Ambiente. Su equipo técnico no quiere que se pierda más tiempo: «Queremos que vaya rápido [...] Esperamos diligencia por parte del TSXG. Si tenían paralizados muchos pleitos, se les acaba de levantar el obstáculo para dictar sentencia», señalan fuentes de la consellería, quienes dicen tener «preocupación cero» ante la posibilidad de que se interpongan nuevos recursos para frenar el despliegue de energía eólica en Galicia.
La sentencia allana el terreno para liberar un total de 2.349 megavatios (MW) —equivale al 60% de la potencia actualmente instalada en la comunidad. Si prosperan esos 86 parques, Galicia contaría con 6.305 MW, situándose como la segunda mayor potencia eólica de España, adelantando a Castilla-La Mancha y Aragón.
El fallo del Tribunal de Luxemburgo también supone extender mayores garantías jurídicas a los promotores que se comprometieron a suministrar grandes cantidades de energía verde a precios asequibles a las industrias gallegas ya asentadas y las que tienen planes de inversión para los próximos años.
Además, la patronal eólica gallega (EGA) calcula que la luz a esos expedientes abre la puerta a crear 20.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad.
Júbilo en el sector
Las empresas promotoras han celebrado el espaldarazo del TJUE, que consideran un punto de inflexión en un conflicto que Galicia arrastra desde hace tres años y medio. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han instado a que «de forma responsable y diligente se adopten las medidas necesarias por parte de las instituciones para que los proyectos paralizados recuperen su ritmo de avance». El mensaje va dirigido al TSXG, al que le recuerda «el enorme coste social y económico que ha supuesto la paralización del sector». Una paralización que no tiene precedentes en España. «Apelamos ahora al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) a que retome cuanto antes la tramitación de los expedientes afectados y resuelva los procesos pendientes con la mayor agilidad posible, priorizando el interés público superior que la legislación europea atribuye a las energías renovables», añaden.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) apludió la «contundencia» del fallo del TJUE. «Es, sin duda, un hito que puede desenmarañar la situación, pero no la resuleve de forma inmediata», añadieron, antes de instar a todas las Administraciones a levantar las barreras a las renovables.
Juan Manuel Vieites (CEG): «Es una victoria para el sentido común, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Galicia»
De igual manera, el presidente de los empresarios gallegos, Juan Manuel Vieites, aplaudió la sentencia de los jueces europeos y urgió a los magistrados gallegos a resolver «sin más dilaciones» los procedimientos pendientes, facilitando la reactivación de los proyectos. «La sentencia del TJUE es una victoria para el sentido común, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Galicia», añadió Vieites.
También han recibido la noticia con optimismo en el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), quienes celebran que la sentencia proporcionará seguridad jurídica al sector, contribuyendo a desbloquear numerosos proyectos paralizados por decisiones judiciales: «Esta decisión refuerza la apuesta por un modelo de transición energética ordenado y sostenible en Galicia, alineado con los objetivos de descarbonización, autonomía energética y desarrollo económico del territorio», deslizó su presidente, José Ramón Franco.
Próximos pasos: los jueces gallegos resolverán caso por caso
¿Es este el final del camino? No. A pesar del espaldarazo de la Justicia europea, el eólico aún no ha llegado a la meta. La sentencia no habilita a los promotores a desplegar los aerogeneradores de inmediato. Su pronunciamiento marca la dirección al TSXG para que sus jueces revisen y resuelvan los expedientes caso por caso. Son los magistrados gallegos los que, teniendo como faro esta sentencia del TJUE, han de levantar el bloqueo a los parques. Un proceso, en cualquier caso, que será lento. No solo porque el pronunciamiento llega antes del parón vacacional, también porque cabe la posibilidad de que se formulen nuevos recursos e incluso que el TSXG se aferre a otros argumentos legales para seguir manteniendo en suspenso las autorizaciones concedidas por la Xunta.
Uno de ellos es el que esgrime la asociación Petón do Lobo. Su portavoz, Ismael López, insiste en que la sentencia «non cambia nada» porque el público interesado no fue consultado durante la tramitación de los proyectos y la publicación de los informes sectoriales, tal y como exige la directiva europea: «Di que o público interesado debe ser consultado e, aínda que o pedimos á Xunta, esta asociación non foi consultada nunca. As únicas foron Adega e a Asociación Galega de Historia Natural», sostiene. También asegura que muchos de los propietarios afectados por el despliegue de los parques no fueron contactados.
En iguales términos se expresaron desde Adega. La organización ecologista manifestó su «decepción» por el fallo del TJUE, que «menoscaba o espírito da mesma ao restrinxir os dereitos de participación da cidadanía», privándole de conocer en profundidad los informes técnicos.
No obstante, todos confían en que el bloqueo a los parques eólicos se mantendrá por esas supuestas deficiencias señaladas que desde la Xunta desmienten: «Tuvieron la información a su disposición todo el rato», señalan. De ser así, el TSXG podría volver a elevar consultas al TJUE, dilatando una vez más el proceso.
Interpretación legal
Desde Petón do Lobo consideran que la sentencia no revertirá la situación de bloqueo de los proyectos «dado que as anteditas paralizacións substentáronse xudicialmente nas eivas das avaliacións ambientais practicadas, asunto sobre o que non foi consultado o TXUE nin se pronunciou, e que centrará finalmente a razón das futuras sentenzas», puntualizan.
El argumento legal al que se aferran ahora es que la Xunta no consultó al «público interesado». La definición de «público interesado» en la legislación europea es lo suficientemente ambigüa para dar lugar a múltiples interpretaciones.
Por «público», señala a «una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos». Por «público interesado», apunta al «público afectado, o que pueda verse afectado, por procedimientos de toma de decisiones medioambientales [...] O que tenga un interés en el mismo», pero añade la sentencia que, «a efectos de la presente definición, se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional».
Consecuencias
Estos tres años y medio de bloqueo han resultado demoledores para Galicia, otrora pionera de la eólica. Mientras la Justicia paralizaba el despliegue de parques, otras comunidades han aprovechado la tesitura para pisar el acelerador y garantizarse la llegada de nuevas inversiones multimillonarias asociadas a la generación de energía renovable. El caso más paradigmático es el de Aragón, la comunidad que más potencia eólica instalada alberga (5.872 megavatios), solo por detrás de Castilla y León (7.455 MW) y por delante de Castilla-La Mancha (4.978 MW) y Galicia (3.933 MW), según los últimos datos de Red Eléctrica.
El año pasado, el territorio aragonés fue capaz de atraer unos 40.000 millones de euros vinculados a proyectos de empresas como Stellantis, pero también de grandes tecnológicas como las estadounidenses Amazon y Microsoft, que necesitan enormes cantidades de energía verde a precios asequibles para alimentar sus centros de datos -Galicia solo alberga uno del centenar en activo o en fase de construcción en España-.
Otras industrias más tradicionales, como la del aluminio, también permanecen a la espera del despliegue para asegurarse un suministro verde y barato.
Es el caso de Alcoa, que había firmado contratos de abastecimiento de electricidad a largo plazo (PPA) para su fábrica de San Cibrao. Esperaban tener suministro ya en el 2024, «pero (los parques eólicos) no fueron permitidos», alegó a mediados del pasado mayo la vicepresidenta de la multinacional, Molly Beerman, quien ha dado la espalda al acuerdo por el que la empresa se comprometía a reactivar la totalidad de las cubas en octubre de este año.