Empresas como Naturgy han tenido que rechazar en los últimos años el 30 % de las peticiones de conexión al tendido por la capacidad insuficiente
04 jul 2025 . Actualizado a las 05:05 h.Con unos recursos naturales de primer nivel, Galicia cuenta con una sólida posición como puntal de la transición energética en el país. Pero su capacidad actual —y su proyección futura— para generar energía verde colisiona con las limitaciones de las infraestructuras de transporte. De hecho, la Xunta maneja un estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Vigo, que concluye que «si las redes eléctricas estuviesen repotenciadas seríamos capaces de producir un 134 % más de energía eléctrica, reduciendo aproximadamente un 70 % el número de aerogeneradores», según reseñó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.
Las carencias de la infraestructura de evacuación ya están frenando el desarrollo en la comunidad, pero la responsable del mencionado departamento económico pone cifras a este riesgo: «Tenemos 10 proyectos industriales que no pueden salir adelante si no se hace un refuerzo de la red de transporte».
En un Café de Redacción sobre el nuevo escenario energético organizado por La Voz de Galicia, María Jesús Lorenzana insistió en demandar al Gobierno nuevas infraestructuras, entre ellas subestaciones para atender las necesidades en el área de Sabón y Arteixo, en Palas de Reis, y en Meirama, además de incrementar las capacidades en As Pontes.
De las limitaciones con las que cuentan los tendidos actuales también dio cuenta Mónica Puente, directora de Redes de Electricidad de Naturgy en España, quien reseñó que detrás de las nuevas necesidades en las infraestructuras para vehicular la electricidad se encuentra el cambio de modelo de la generación. Se ha pasado de grandes centros de producción, como las instalaciones térmicas, a centenares de ellos, pequeños y dispersos por todo el país, como los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas. Con un contexto regulatorio sin visibilidad —las planificaciones para los próximos años están pendientes de aprobar— y con una tendencia creciente a la electrificación de la economía, los tendidos son insuficientes para dar respuesta a la demanda. «En los últimos tres años nos hemos visto obligados a rechazar del orden del 30 % de las solicitudes de conexión a la red de distribución, cuando nuestra razón de ser es conectar la generación y la demanda, somos gestores de infraestructuras».
Una de las compañías gallegas que está pendiente de obtener la luz verde de enganche a la red es Tasga Renovables, que con una trayectoria de 25 años, impulsa importantes proyectos energéticos, tanto en solitario como en colaboración con otras firmas. Uno de ellos es una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, para la que cuenta con una concesión de aguas de la Xunta. Jesús Berzosa, delegado de la empresa, abundó en la importancia de disponer de infraestructuras para la evacuación de la energía, ya que no solo tienen importancia para las plantas de generación verde, sino también para el conjunto del sistema, que precisa de instalaciones de respaldo. Berzosa puso el foco también en la necesidad de que las Administraciones simplifiquen los trámites para poder acometer inversiones que, en el caso de su proyecto autorizado, escala hasta los 400 millones de euros. «La burocracia es uno de nuestros caballos de batalla», lamentó.
Lecciones del apagón
Si bien los problemas de atasco en las redes ya venían arrastrándose desde hace años, el cero energético que fundió los plomos del país el pasado 28 de abril evidenció la vulnerabilidad del sistema. La conselleira de Economía pide medidas ambiciosas «y no parches», en alusión al paquete de actuaciones anunciado la pasada semana por el Gobierno central. Del esfuerzo inversor de 931 millones de euros comprometido por el Ejecutivo para incentivar la demanda eléctrica en las redes, Lorenzana reclama que «una parte importante venga para Galicia», después de haber recibido solo un 2,5 % de la anterior planificación.
Mónica Puente afirma que, tras el apagón, «Naturgy sigue apostando por la inversión», pero advierte que «no solo se tiene que invertir más, sino mejor» para responder a nuevas necesidades, con más seguridad, digitalización y respeto por el medio ambiente. En cifras, 2.600 millones de euros en el horizonte 2025-2027, el 75 % de los cuales en España, y un 50 % de esta cuota, en Galicia.
Una ley de recursos naturales con la que hacer crecer la aceptación social de los proyectos
La aceptación social de nuevas inversiones industriales y energéticas en Galicia es una tarea en la que ponen el foco tantos empresas como Administraciones, debido a la creciente corriente de oposición a estos. «Veo una diferencia sustancial entre cualquier proyecto industrial y un proyecto que aprovecha recursos naturales», subraya la conselleira de Economía, quien insiste en la estrategia autonómica —con la ley de aprovechamiento de los recursos naturales— impulsada para maximizar los beneficios para los gallegos de la implantación de nuevas fábricas e instalaciones de generación de electricidad. «Nadie quiere una autopista enfrente, ni un contenedor ni una obra, pero la autopista da servicio a toda la ciudadanía, no explota un recurso natural. Por eso, la labor de la Xunta es que esa actividad que explote una empresa repercuta en nuestro territorio», incidió. Además, puso como ejemplo el fondo soberano del que dispone Noruega tras haber descubierto —y conservado— las reservas de petróleo en su estado.
Colaboración público-privada
Mónica Puente aludió a otra medida que puede favorecer la aceptación social de los proyectos, a través de la colaboración público-privada. «Nosotros prestamos un servicio esencial, el suministro de electricidad, y debemos ir de la mano las Administraciones y las empresas para explicar que es una fuente de desarrollo económico y de bienestar social». Naturgy, a través de la distribuidora UFD, gestiona 60.000 kilómetros de red en Galicia, y pone en marcha proyectos para incrementar la calidad del servicio, que llega a 1,6 millones de hogares en la comunidad.
Para el delegado de Tasga Renovables, mejorar el respaldo social a los proyectos energéticos no puede hacerse a través del abono de nuevas cargas impositivas. «El sistema tributario español ya grava las actividades económicas y reparte de forma muy equilibrada esa tributación para que tenga repercusión local, regional, autonómica y estatal», afirmó. Insistió en que grandes centrales energéticas como las hidroeléctricas de bombeo implican inversiones millonarias e impactos muy positivos para el empleo en los territorios.
Pidió además un compromiso «de país» para lograr simplificar los trámites para estos proyectos, con un «ministerio transversal» con capacidades múltiples y actúe como ventanilla única.