El Gobierno apura el plazo para añadir más exigencias a la opa sobre Sabadell
ECONOMÍA
Economía, que publicará un informe sobre el resultado de la insólita consulta pública, decide hoy si envía la operación al Consejo de Ministros
27 may 2025 . Actualizado a las 10:25 h.Cuenta atrás para que el Ministerio de Economía decida si remite a Consejo de Ministros el expediente de la opa de BBVA sobre Sabadell para que el Gobierno dictamine si añade más exigencias a la operación o si, por el contrario, mantiene —o suaviza— las acordadas por Competencia. El departamento de Carlos Cuerpo está apurando los plazos, ya que los 15 días de máximo que la ley establece para que Economía eleve al Ejecutivo la operación expiran hoy.
Este lunes Cuerpo no anticipó cuál será la decisión final, limitándose a anunciar que lo que sí hará Economía es publicar «en su momento» un informe con el resultado de la consulta pública previa abierta sobre el proceso el 6 de mayo. La insólita consulta, de carácter no vinculante, fue anunciada por Pedro Sánchez. Se extendió durante una semana y desde el Gobierno la defendieron como una forma de testar la opinión de colectivos y ciudadanía interesados, pero cuyas alegaciones no fueron admitidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de dar luz verde a la operación, pues únicamente atendió a los dos bancos implicados.
«Es un mecanismo adicional de información que nos ayuda a tomar esta decisión de elevarlo o no, al Consejo de Ministros con todas las garantías posibles», insistió ayer Cuerpo, sin dar más pistas.
Desde Economía explicaron que —si como todo apunta— se remite la operación al Consejo de Ministros, el ministerio lo notificará primero a BBVA y Sabadell, algo que se espera ocurra por la tarde, al cierre del mercado, para no interferir, dado que ambos bancos son empresas cotizadas. Después la decisión cobraría firmeza a través de la publicación de una orden ministerial.
Será entonces cuando comience a correr el plazo de 30 días del que el Gobierno dispone para elevar, confirmar o rebajar las condiciones impuestas al banco vasco para autorizar la absorción del catalán. De agotar nuevamente el margen para pronunciarse, el Ejecutivo complicaría el calendario con el que trabaja el banco que preside Carlos Torres, que pretendía que la operación se cerrase antes del verano.
Sin embargo, el período de aceptación de la opa podría irse a finales de julio si se establece el mínimo legal para que se pronuncien los accionistas (15 días) o, de darles más tiempo (un máximo de 70), se prolongaría hasta la vuelta del verano. Se trata de evitar agosto y que los minoritarios estén de vacaciones, ya que los votos no emitidos se consideran contrarios a la opa.
«Gravísimo error», según Díaz
En este escenario de incertidumbre, la que volvió a manifestarse con claridad en contra de la opa fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno, Yolanda Díaz, que este lunes calificó de «gravísimo error» facilitar la oferta sobre Sabadell.
Tras visitar el espacio de cooperativismo Bloc4BCN en Barcelona, Díaz alertó de que España tiene un «elevado riesgo» de «concentración bancaria».
«Vuelvo a ser clara: es un gravísimo error facilitar esta opa», señaló la vicepresidenta, mostrándose convencida de que «encarecerá el coste financiero» de las pequeñas empresas catalanas y de las familias «afectadas» por esta operación. También avisó de que, de prosperar, supondrá un «nuevo fenómeno de exclusión financiera». «Soy gallega, permítanme que les diga que sabemos lo que es el impacto social que tiene el cierre de oficinas bancarias», dijo, elevando a «cerca de 5.000 personas trabajadoras» la cifra de potenciales despidos que supondrá la «absorción».
Hasta 31.500 empleos en riesgo
La destrucción de empleo será mucho mayor, según los cálculos hechos públicos ayer por la UGT de Cataluña, que habló de entre 22.500 y 31.500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
En concreto, entre 7.500 y 10.500 personas corresponderían a afectación directa y el resto a indirecta, entre personal de consultoras o proveedores tecnológicos, por ejemplo. Por ello, el sindicato ve «evidencias sobradas» para que el Gobierno no autorice la opa.
La vicepresidenta segunda admitió que se está «discutiendo» en el seno del Gobierno qué hacer, pero que «desde Sumar y esta vicepresidencia somos claras: debe impedirse la formulación de esta opa».
Cabe recordar que el Gobierno no puede prohibir la operación, pero sí imponerle tantas exigencias que deje de tener sentido económico para BBVA y desista. De no hacerlo, el Ejecutivo también podría impedir la fusión y obligar a ambos bancos a seguir operando por separado, pese a prosperar la opa.