El gobierno oleirense presentó una queja por datos inexactos y el cullerdense anunció cambios en las contrataciones
28 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El informe del Consello de Contas que cuestionaba contrataciones en Oleiros y Culleredo en el 2022 y el 2023 fue respondido ayer desde ambos consistorios, diciendo que cumplen la legislación sobre esa materia.
«Todas as contratacións do Concello realízanse conforme á Lei de Contratos do Sector Público», puntualizaron desde Oleiros. Remarcan que los que superan los 15.000 euros se adjudican por concurso público, con todos los informes preceptivos de Secretaría e Intervención, y están publicitados. «Dos 5.922 contratos realizados polo Concello entre 2018 e 2022 todos foron tramitados e adxudicados conforme á lei», dicen, y «ningún deses anos os contratos menores foron máis do 31??% e, en todos os casos, responden a motivos excepcionais ou de urxencia».
También responden a las acusaciones de falta de transparencia, asegurando que la web municipal recoge toda la información obligatoria por ley «e moita outra a maiores do estipulado». Desde Oleiros puntualizan que el informe del Consello de Contas recoge «numerosos datos inexactos, con interpretacións imprecisas da información da Plataforma de Contratación do Estado, ademais de realizar solicitudes relevantes por vías informais». Por ello presentaron una queja formal ante el conselleiro maior «co fin de garantir o respecto aos procedementos e á legalidade administrativa en todas as actuacións de fiscalización».
Culleredo también replica remarcando que, en su caso, «a denuncia parte dunha visión parcial, interesada e electoralista do BNG». En cuanto a las bajas temerarias, indican que por ley no pueden rechazar automáticamente y que siguen el procedimiento, siendo los técnicos los que toman esa decisión. También, que piden justificaciones a las empresas si hay prácticas que puedan distorsionar la competencia y «as decisións sempre se toman conforme a informes técnicos independentes». Rechazan que las contrataciones de reparaciones urgentes, avaladas con informes, se quieran considerar fraccionamientos y que se citen incumplimientos de plazos en obras que fueron situaciones excepcionales.
Explican que tras la recepción de informe preliminar implantaron medidas correctoras como el control previo de contratos menores, la regularización de servicios públicos sin contrato en vigor y la supervisión permanente de la contratación.