Una cooperativista de Xuxán: «La dejé porque me costó la salud y el trabajo»
A CORUÑA
Tras dos años de espera renuncia a su piso de alquiler social ya adjudicado
30 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Irene tiene un sueldo de 1.700 euros al mes y reconoce que, en comparación con otras personas, su trabajo como programadora de software está bien remunerado. Pero su capacidad de ahorro es nula. ¿El motivo? Es familia monoparental (está separada), paga un alquiler mensual de 650 euros y tiene dos niñas menores de edad en custodia compartida con su ex pareja. «No, no gano mal, pero con la carga familiar y el alquiler no puedo ahorrar para comprar un piso», asegura. Precisamente se adhirió a la cooperativa de alquiler social en Xuxán ( A Coruña) adjudicada a Galivivienda porque era una alternativa asequible y a largo plazo. «Buscaba una estabilidad, la seguridad de que no me iban a subir la renta de un día para otro y ofrecer un hogar estable en el tiempo para mis hijas. Quería estar tranquila», explica Irene. Dos años después, dice que no puede más.
Baja como socia
El miércoles por la noche, después de participar en la última reunión con responsables de la Xunta y del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), decidió presentar su baja como socia de la cooperativa. «Peleé todo lo que tuve que pelear, pero no puedo más. Antes está mi salud mental, mi salud y la de mis hijas. Necesitaba salir de aquí», explica. Irene relata que el encuentro en San Caetano fue la gota que colmó el vaso, al constatar, una vez más, que la Xunta se inhibe en un conflicto entre la gestora de la cooperativa y sus socios. «Dicen que es un tema particular, pero se trata de una promoción en suelo público. Y nos remiten a que busquemos asesoramiento legal sabiendo que somos personas que necesitan un alquiler social. No tenemos esa capacidad. ¿Sabe la gente cuánto nos costaría contratar ese servicio y demostrar que se están realizando acciones supuestamente ilegales? Unos 60.000 euros».
Problemas de ansiedad
El proyecto de Galivivienda le quitó el sueño muchas veces. Y la preocupación por la deriva de la cooperativa llegó a causarle ansiedad. «Una presión en el corazón constante, falta de respiración, falta de sueño... Ha sido una pesadilla. Me está costando la vida y más saber que estamos desamparados, que la Xunta es cómplice de este negocio que se ha montado una empresa con prácticas que pueden calificarse de, como mínimo, cuestionables por no decir mafiosas». Además, Irene explica que este conflicto ha llegado a costarle el sustento: «Perdí mi trabajo. Manejaba unos niveles de ansiedad que, evidentemente, bajó mi rendimiento en el trabajo y acabé en un despido». Lo que más le duele es «la falta de empatía» de los servidores públicos, de las personas que supuestamente están para ampararlos. «En la última reunión acabé llorando de impotencia, cuando una de las personas que ocupan un cargo público nos dijo que todo este lío teníamos que arreglarlo nosotros, que no podían hacer nada», recuerda.
Tiene la sensación de que esa complicidad con Galivivienda encubre algo más y no entiende por qué la Administración mira para otro lado cuando los socios ponen sobre la mesa un relato que constatan con cifras, ya que de los 249 miembros iniciales de la cooperativa ya se han dado de baja 92. «El argumento de que revertirán el suelo si no se cumple el carácter social lo llevan diciendo desde el principio. ¿Pero qué más pruebas quieren para hacerlo? ¿Tendrán que irse todos los socios?», se pregunta.
Vivenda defiende su papel como mediador y de tutela
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas confirmó que ya ha remitido tres carta al Ministerio de Vivienda y otra más, este mes de agosto, al delegado del Gobierno en Galicia para reclamar soluciones al conflicto en la promoción adjudicada a Galivivienda en Xuxán. Además, según recordaron, la conselleira María Martínez Allegue llevó el asunto al Parlamento gallego el pasado mes de mayo.
Desde la Xunta consideran que hay «dous problemas fundamentais» en la promoción de las 224 viviendas de alquiler social gestionadas por Gesvieco: por un lado, las condiciones de los préstamos ICO, que según sostiene «a Xunta conseguiu reconducir», y, por otro, la prórroga de la subvención europea (10 millones de euros, concedida pero condicionada a que la obra esté terminada en junio del 2026). Puntualizan que «ten que ser o Ministerio o que confirme que non se perderá a subvención por cumprir prazos de construción».
En cuanto al papel de la Administración autonómica, recalcan que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ya ha facilitado a varios socios de la cooperativa «toda a información e asesoramento que pode realizar no marco das súas competencias» y mantiene «a súa total dispoñibilidade a seguir atendendo as cuestións que podan xurdir».
Sobre la garantía del carácter social de las viviendas, aclaran que se puede asegurar «establecendo cotas que podan ser asumibles por parte das persoas as que van destinadas as vivendas». Recuerda que intervino cuando las condiciones de financiación del ICO encarecían las aportaciones de los cooperativistas, y que «logo das xestións realizadas pola Xunta ante o ICO e o Ministerio se revisaron os criterios de financiamento co compromiso de facilitar a accesibilidade ás vivendas».
Defiende también que ya está interviniendo dentro de sus competencias, garantizando que los adjudicatarios cumplan los requisitos, supervisando los contratos de alquiler para que «non excedan os prezos máximos de rendas durante toda a vida útil das vivendas» y tutelando los procesos de calificación de los pisos protegidas y el uso del suelo.
Ya se han dado de baja casi el 37 % de los cooperativistas, es decir, 92 de los 249 socios.