La Xunta acusa al Gobierno de no asumir las consecuencias de la «chapuza» del dragado
A CORUÑA
Reclama compensaciones para los mariscadores de O Burgo y recuerda que el estudio de la cofradía señala que 24 de los 27 bancos están peor que antes de la obra
12 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La visita del secretario de Estado, Hugo Morán, este miércoles a la ría de O Burgo sirvió al ministerio para sacar pecho y reiterar que el dragado, acabado hace un año y en el que se invirtieron 41,5 millones, se trata «de una de las actuaciones con mayor relevancia ambiental realizadas, con éxito, en el ámbito costero». Sin embargo, nada dijo en su recorrido, que no se anunció, de una solución para los 78 mariscadores que no pueden trabajar hasta que el marisco alcance talla legal. La Xunta este viernes, sin embargo, hizo una lectura muy distinta de esta obra. La Consellería do Mar, que afeó que su última petición de compensación para los profesionales no haya tenido respuesta, acusó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de hacer una «fuxida cara a adiante» y de no asumir las consecuencias de la «chapuza» de este proyecto.
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde —que acudió a la Mesa da Ría, a la que asistieron representantes de los mariscadores, pero no del ministerio—, recordó el informe elaborado por la asistencia técnica de la cofradía, donde se enumeran numerosos errores e incumplimientos en la ejecución de los trabajos que dejaron como resultado que 24 de los 27 bancos marisqueros presenten un peor estado del que tenían antes del inicio de las obras. En este documento se indica que todas las zonas de marisqueo a flote fueron afectadas, así como 20 de los 23 bancos de marisqueo a pie. Entre las deficiencias, cita la reducción de superficies productivas, variaciones en la batimetría y modificaciones de las características granulométricas.
La directora xeral volvió a mostrar su apoyo a los mariscadores, que reclaman la corrección de estas deficiencias en la ejecución del proyecto y el abono de compensaciones hasta que sea posible retomar la actividad, como señala la propia declaración de impacto ambiental de la obra. En este sentido, desde la consellería recuerdan que el BOE del 27 septiembre del 2017 recoge que «la duración total del cese de actividad marisquera incluye además, el período que transcurre desde que se ha finalizado la obra hasta que los bivalvos plantados no alcanzan la talla comercial».
Por ello, Villaverde acusó al Gobierno central de actuar «de mala fe» y de procurar ahora eludir sus compromisos como promotor de los trabajos llevados a cabo en el estuario tratando «de xeito irresponsable e utilizando ás persoas mariscadoras como dano colateral» para que sea la Administración autonómica quien asuma las consecuencias de unos trabajos que «executaron outros».