Los juzgados de Vigo reciben más casos tras la victoria de la dueña de un iPhone dorado
11 feb 2024 . Actualizado a las 22:03 h.Los juzgados de primera instancia de Vigo están recibiendo en las últimas semanas numerosas demandas de clientes que quieren cancelar el contrato de permanencia de su teléfono móvil y están en desacuerdo con la penalización y la liquidación que calcula la compañía para otorgar su libertad. En el argot jurídico, se denominan demandas de interrupción del arrendamiento financiero de telefonía móvil. Los letrados judiciales están sorprendidos por la repentina irrupción de estos novedosos casos en Vigo de arrendamiento financiero que equivalen al denominado leasing. Es una herramienta muy útil para las empresas que quieren renovar sus móviles en grandes cantidades.
Para entender el funcionamiento de estas demandas, la compañía presta un terminal de avanzadas prestaciones a cambio de una renta de, por ejemplo, 30 euros al mes. Al finalizar el período, el cliente puede optar por devolverlo o quedarse con el teléfono a cambio de un pago final. En estas demandas que están llegando a Vigo, el cliente presenta un escrito para interrumpir ese contrato de permanencia o leasing, que suele incluir cláusulas de compromiso, porque quiere migrar o portar su línea a otra compañía sin ataduras. Es habitual que entre las operadoras haya campañas para robar clientes a las rivales con tentadoras ofertas.
Hay que recordar que cuando un cliente accede al préstamo en régimen de leasing de un móvil con contrato de permanencia, queda obligado a estar de alta en la compañía durante uno o más años pagando una cuota mensual del precio del móvil, que suele rondar los mil euros, hasta que cumpla el contrato.
Las discrepancias empiezan con el precio ya que, entre gastos y cuotas, un móvil que cuesta 190 euros puede disparar el coste a 380, entre rentas, el pago final y otros gastos de gestión. Al finalizar la permanencia, pocos clientes devuelven el móvil después de dos años para ahorrarse el pago final. Existe la posibilidad de devolver el terminal pero si está usado, la compañía puede negarse a aceptarlo porque detecta desperfectos.
Quienes quieran irse antes de tiempo y romper el contrato, deben abonar una penalización, y saldar una liquidación (las cuotas que restan por pagar del móvil y otros gastos). Precisamente, el desacuerdo por la cuantía de liquidación fijada por la compañía es lo que genera este tipo de pleitos que afloran ahora.
Las demandas presentadas giran en torno a las diferencias de criterio entre la compañía y el cliente sobre el precio en el que valoran la terminal. El consumidor cree que el cálculo de la liquidación está inflado y eso le perjudica.
Color oro
Quizás, los bufetes las están presentando animados por una sentencia de la Audiencia en Vigo del 3 de noviembre del 2023 que da la razón a la dueña de un iPhone XS de mil euros y ordena anular el contrato porque ella pidió en el 2019 que el terminal fuese de color oro y se lo dieron gris, en contra de lo pactado. La mujer llamó varias veces para protestar y los asistentes de la compañía le respondían: «Te llamaremos lo antes posible», y siguió facturando el cobro de las cuotas sin darle un terminal de sustitución, motivo por el que el Instituto Galego de Consumo multó a la operadora con 1.200 euros. Además, incluyeron a la clienta en un fichero de solvencia patrimonial y crédito.
La demanda de la dueña del iPhone había sido rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Vigo en el 2022, que absolvió a Vodafone. Sin embargo, casi un año después, la Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, concluyó que el terminal enviado no presentaba las cualidades del color oro que había ofrecido, resolvió el contrato y liberó de cualquier deuda a la clienta, que a cambio debe devolver el iPhone.
Cláusulas poco precisas
El pleito del smartphone de color oro ejemplifica las estrategias que siguen los despachos de abogados para anular los contratos de permanencia sin tener que pagar la penalización. Se trata de defectos de forma o errores que obligan a invalidar lo suscrito. Otras veces, en los documentos no figura la firma del cliente, lo que también puede ser motivo de anulación.
En algunas sentencias, los tribunales han dado la razón al cliente porque el contrato no incluía la fórmula para hacer los cálculos de la permanencia. A veces, la cláusula de compromiso no es precisa y deja margen al operador para imponer una sanción. Otras veces, los abogados alegan que han detectado cláusulas abusivas como, por ejemplo, que una compañía tenga capacidad para modificar los precios o cuotas a su conveniencia.